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política

El Gobierno acusa a Moreno de "desprecio" a las fuerzas de seguridad tras pedir la vuelta de la unidad de élite contra el narco

El delegado del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, defiende la estrategia estatal contra el narcotráfico después de que el presidente de la Junta reclamase recuperar OCON-Sur

  • Narcolanchas en un depósito judicial ubicado en El Puerto. -

La petición del presidente andaluz Juanma Moreno para recuperar el OCON-Sur ha abierto un nuevo choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central a cuenta de la lucha contra el narcotráfico. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha respondido este domingo al presidente autonómico acusándole de "desconocimiento, ignorancia y desprecio" hacia el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La reacción se produce después de que Moreno enviara una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando la recuperación de la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.

Fernández ha defendido en un comunicado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y considera que el presidente andaluz está "menospreciando" decisiones de carácter operativo adoptadas por ambos cuerpos, entre ellas la reorganización del OCON-Sur.

"En su intento por desviar la atención de su ausencia durante semanas de los incendios y terremotos que están afectando a Andalucía, Moreno ha enviado una carta al Presidente del Gobierno en la que menosprecia las decisiones operativas que adoptan Policía Nacional y Guardia Civil en su acción contra los grupos criminales, entre las que se encuentra la reestructuración del OCON-Sur", ha afirmado.

Más de 190 millones para el plan contra el narcotráfico

El delegado ha recordado que en 2018 se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ha definido como la primera estrategia policial contra el narcotráfico adoptada en democracia y una herramienta "pionera" en Europa por su carácter global y multidisciplinar.

Según los datos aportados por Fernández, desde entonces el Gobierno ha destinado más de 190 millones de euros al refuerzo de plantillas, medios, tecnología especializada, formación y estrategias internacionales. Para 2026, la dotación asciende a 38,2 millones, 1,3 millones más que en 2025. Actualmente, Andalucía dispone de cerca de 30.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 4.096 más que en 2018, según el delegado.

Desde la puesta en marcha del Plan Especial, las Fuerzas de Seguridad han contabilizado 47.862 operaciones policiales y 31.335 detenidos o investigados. A ello se suman 2.179.973 kilos de droga aprehendidos, 1.909.715 plantas de marihuana incautadas y destruidas, 1.884 armas de fuego intervenidas, 124,44 millones de euros en efectivo, 9.728 vehículos y 2.146.127 litros de gasolina incautados.

La polémica por el OCON-Sur

Sobre la unidad reclamada por Moreno, Fernández sostiene que el OCON-Sur nació como una estructura temporal para responder a las necesidades iniciales del Plan Especial. Según su explicación, en septiembre de 2022 se transformó en un dispositivo permanente y sus integrantes pasaron a incorporarse a la plantilla de la Guardia Civil para ofrecer una respuesta "mejor adaptada a las dinámicas de los grupos criminales".

Moreno, por su parte, había defendido que la desaparición del OCON-Sur supuso un punto de inflexión en el incremento de la actividad de las redes de narcotráfico y había denunciado la falta de recursos de los agentes para hacer frente a organizaciones cada vez más violentas.

En su carta a Sánchez, el presidente andaluz sostuvo que Andalucía se ha convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga y reclamó una respuesta contundente del Estado.

"El tiempo y los acontecimientos han demostrado que el desmantelamiento de OCON-Sur fue una equivocación que desgraciadamente está teniendo graves consecuencias para nuestros agentes y nuestros ciudadanos", manifestó Moreno.

El presidente de la Junta también vinculó su petición con los últimos episodios violentos registrados en Andalucía y defendió que el narcotráfico debe abordarse asimismo desde una perspectiva social para evitar que las organizaciones criminales capten a personas de entornos vulnerables.

La petición del presidente andaluz Juanma Moreno para recuperar el OCON-Sur ha abierto un nuevo choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central a cuenta de la lucha contra el narcotráfico. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha respondido este domingo al presidente autonómico acusándole de "desconocimiento, ignorancia y desprecio" hacia el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La reacción se produce después de que Moreno enviara una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando la recuperación de la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.

Fernández ha defendido en un comunicado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y considera que el presidente andaluz está "menospreciando" decisiones de carácter operativo adoptadas por ambos cuerpos, entre ellas la reorganización del OCON-Sur.

"En su intento por desviar la atención de su ausencia durante semanas de los incendios y terremotos que están afectando a Andalucía, Moreno ha enviado una carta al Presidente del Gobierno en la que menosprecia las decisiones operativas que adoptan Policía Nacional y Guardia Civil en su acción contra los grupos criminales, entre las que se encuentra la reestructuración del OCON-Sur", ha afirmado.

Más de 190 millones para el plan contra el narcotráfico

El delegado ha recordado que en 2018 se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ha definido como la primera estrategia policial contra el narcotráfico adoptada en democracia y una herramienta "pionera" en Europa por su carácter global y multidisciplinar.

Según los datos aportados por Fernández, desde entonces el Gobierno ha destinado más de 190 millones de euros al refuerzo de plantillas, medios, tecnología especializada, formación y estrategias internacionales. Para 2026, la dotación asciende a 38,2 millones, 1,3 millones más que en 2025. Actualmente, Andalucía dispone de cerca de 30.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 4.096 más que en 2018, según el delegado.

Desde la puesta en marcha del Plan Especial, las Fuerzas de Seguridad han contabilizado 47.862 operaciones policiales y 31.335 detenidos o investigados. A ello se suman 2.179.973 kilos de droga aprehendidos, 1.909.715 plantas de marihuana incautadas y destruidas, 1.884 armas de fuego intervenidas, 124,44 millones de euros en efectivo, 9.728 vehículos y 2.146.127 litros de gasolina incautados.

La polémica por el OCON-Sur

Sobre la unidad reclamada por Moreno, Fernández sostiene que el OCON-Sur nació como una estructura temporal para responder a las necesidades iniciales del Plan Especial. Según su explicación, en septiembre de 2022 se transformó en un dispositivo permanente y sus integrantes pasaron a incorporarse a la plantilla de la Guardia Civil para ofrecer una respuesta "mejor adaptada a las dinámicas de los grupos criminales".

Moreno, por su parte, había defendido que la desaparición del OCON-Sur supuso un punto de inflexión en el incremento de la actividad de las redes de narcotráfico y había denunciado la falta de recursos de los agentes para hacer frente a organizaciones cada vez más violentas.

En su carta a Sánchez, el presidente andaluz sostuvo que Andalucía se ha convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga y reclamó una respuesta contundente del Estado.

"El tiempo y los acontecimientos han demostrado que el desmantelamiento de OCON-Sur fue una equivocación que desgraciadamente está teniendo graves consecuencias para nuestros agentes y nuestros ciudadanos", manifestó Moreno.

El presidente de la Junta también vinculó su petición con los últimos episodios violentos registrados en Andalucía y defendió que el narcotráfico debe abordarse asimismo desde una perspectiva social para evitar que las organizaciones criminales capten a personas de entornos vulnerables.

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