La contratación menor de la Junta de Andalucía estará bajo la lupa de la Cámara de Cuentas, que ha aprobado las directrices técnicas de un nuevo informe para examinar cómo se gestionaron estos contratos durante los ejercicios de 2022 y 2023. La fiscalización se centrará especialmente en las consejerías y agencias de la Administración autonómica, con el propósito de comprobar si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente. La institución ha anunciado este viernes la aprobación del documento, que establece las bases del análisis.

El trabajo incluirá una visión general de la contratación pública de la Junta y de sus entidades vinculadas, mediante un análisis estadístico que permitirá contextualizar los resultados. Según ha explicado la Cámara de Cuentas, el informe busca emitir una opinión sobre el cumplimiento de las reglas de contratación pública, con especial atención a los contratos menores. Para ello, se estudiarán los datos de los contratos formalizados por la Administración autonómica y sus entidades instrumentales durante los dos años incluidos en la fiscalización.

Otro de los puntos que se examinarán será el cumplimiento de los plazos para remitir a la Cámara de Cuentas la relación de contratos inscritos en el Registro de Contratos. Esta obligación corresponde a la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Además, se comprobará que los datos enviados por este organismo coincidan con la información recogida en la Memoria Anual de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.

2022 y 2023, en el punto de mira

La fiscalización también analizará una muestra de contratos menores para verificar el cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta los riesgos detectados. El examen abarcará distintas etapas de los expedientes: desde la preparación y la selección de los licitadores hasta la elección del adjudicatario y la ejecución del contrato. El análisis de legalidad se centrará en las consejerías y agencias administrativas, mientras que la revisión estadística tendrá en cuenta el conjunto del sector público andaluz.

El periodo analizado comprenderá los contratos adjudicados en 2022 y 2023 que figuren en la plataforma del Registro Público de Contratos y hayan sido comunicados a la Cámara de Cuentas. El estudio estadístico incluirá, además, una comparación evolutiva de ambos ejercicios a partir de los datos del registro y de la memoria anual de contratación.