Cuando Iberdrola manifestó su voluntad de instalar una central térmica de ciclo combinado en el término municipal de Arcos de la Frontera, en torno al año 2000, contaba con el apoyo del entonces alcalde, el popular Juan Manuel Armario, pero no de la oposición. Los grupos ecologistas pronto se opusieron al proyecto, formando la plataforma No a las Térmicas, mediante la que se organizaron numerosas manifestaciones para denunciar los efectos nocivos de los gases que emitiría la fábrica, que se instalaría entre dos zonas protegidas.
Pero en 2003 cambió el signo político de Arcos. Desde ese momento, un gobierno de coalición formado por PSOE e IU dirigió el Ayuntamiento, mostrando su rechazo a la central térmica. El final de la historia es conocido: después de múltiples protestas, la fábrica se terminó instalando en el año 2005, desde cuando viene operando. Lo que no se sabía eran los supuestos motivos del giro de guión que experimentaron el gobierno local de Arcos —ya sin IU, que dejó el ejecutivo por el cambio de parecer de los socialistas— y el de la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves al frente.
Una investigación conjunta de El Confidencial y Moncloa.com saca a la luz documentos y grabaciones que revelan que Iberdrola supuestamente contrató al comisario Villarejo para que investigara y se infiltrara entre los movimientos de oposición política y vecinal a la central térmica de Arcos, una obra valorada en casi 1.000 millones de euros.
“Hay muchos días en el que las emisiones de vapores y gases de la térmica se hacen muy patentes en Arcos y alrededores”, se quejaban entonces desde Ecologistas en Acción. La organización ecologista se opuso desde un principio al proyecto, argumentando que “la central térmica de Arcos, aunque sea de ciclo combinado, menos contaminante que las tradicionales, debido a la gran potencia instalada (1.600 megavatios) es una de las industrias con mayores emisiones de CO2 de Andalucía, unos 5 millones de toneladas anuales, entre otros gases de efecto invernadero (GEI)”.
Los ecologistas lamentan que la zona “estaba poco contaminada”, ya que se sitúa entre los Parques Naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales, que se convirtió, “gracias a nuestros gobernantes, en una de las más contaminadas de Andalucía, junto al Campo de Gibraltar, el Polo Químico de Huelva, Bailén o Carboneras, como se puede deducir de los datos que ofrece el Ministerio de Industria o la Consejería de Medio Ambiente”.
El presunto cerebro de la operación Tándem, el comisario Villarejo, desplegó sus redes en Arcos, infiltrando a ‘topos’ en las movilizaciones organizadas por los ecologistas e investigando a los responsables políticos que se oponían al proyecto de Iberdrola, e incluso al juez que debía pronunciarse sobre la petición del Ayuntamiento arcense, que quería detener las obras. Villarejo llamó al encargo proyecto Arrow, usando siglas y apodos para referirse a los diferentes actores implicados. En los informes que remitía a Iberdrola, la compañía se llamaba K, el Ayuntamiento era Y, Antonio Asenjo (responsable de seguridad de Iberdrola) era AS y los investigadores que tenía a sueldo, GIA.
“Su elección (para que se haga cargo de recurso de lesividad) no ha sido casual, de hecho en la misma han pesado dos factores: su trayectoria 'doctrinal', en la que manifiesta una acusada tendencia a tomar posiciones en contra de las grandes empresas, y a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares”, recogía uno de los informes de Villarejo sobre el magistrado, al que Asenjo quería marcar muy de cerca, de hecho, conocía detalles de su vida íntima y de su afinidad ideológica.
La alcaldesa socialista, Pepa Caro, o la concejala de Urbanismo de IU, Arantxa Azcúnaga, eran otros de los objetivos de Villarejo, a instancias de Iberdrola, que quería encontrar puntos débiles de los adversarios políticos a su proyecto. “Hemos puesto patas arriba todo lo que se refiere a ella —por Azcúnaga— y no hemos visto absolutamente nada, todo bien”, contestó el comisario a Asenjo en una ocasión, según las grabaciones difundidas por Moncloa.com y El Confidencial.
Iberdrola también quería que la opinión estuviera a su favor, por lo que ordenó la inserción de publicidad en medios de comunicación del entorno para intentar recabar apoyos al proyecto. “Hoy hemos empezado ya con la publicidad. Hoy ya se está machacando en la radio”, dijo Asenjo. El comisario habló con medios de Arcos y Jerez en los que Iberdrola invertiría unos 7.000 euros en publicidad a cambio de que apoyaran el proyecto.
Iberdrola, finalmente, terminó construyendo la central térmica de ciclo combinado, contando con el apoyo del gobierno local de Arcos —entonces solo con el PSOE tras la salida de IU— y de la Junta de Andalucía, también gobernada por los socialistas. En 2005 se terminó de construir la central, la tercera de ciclo combinado más grande de España y la segunda con mayor capacidad de la compañía.
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