La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha lanzado una ofensiva política sobre el nuevo modelo de financiación. Montero confía en en que el Gobierno logre aprobar esta nueva ley orgánica sobre su propuesta, pero por ahora se ha encontrado con el rechazo de todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña –Navarra y País Vasco no cuentan, al tener concierto propio–, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles.
Montero cifra en 21.000 millones de euros más el dinero a repartir entre todas las comunidades con el nuevo modelo, a la vez que vincula esa cantidad a vivienda, educación y sanidad como grandes prioridades. Lo que en principio pudiera parecer que es una buena noticia para la financión autonómica y que, en consecuencia, debería ser recibida como tal, no lo ha sido en absoluto. Las once comunidades autónomas en las que gobierna el PP se muestran contrarias a este nuevo modelo. Tras un primer vistazo, podría interpretarse que esta cuestión ha terminado por ser un frente más de la lucha partidista que mantiene el PP desde su inicio con el gobierno de coalición auspiciado por el PSOE, si no fuera por el 'pequeño detalle' de que tanto Castilla-La Mancha como Asturias, ambas gobernadas por los socialistas, también se han mostrado en contra del nuevo modelo propuesto.
El rechazo se basa en la introducción, aunque sea parcial, del llamado criterio de 'ordinalidad', un eufemismo de nuevo cuño para referirse a la aportación por territorios, por lo que aportan los ciudadanos de los territorios, criterio que todas las comunidades contrarias interpretan que se ha hecho a la medida de Cataluña. Lo cierto es que fue un acuerdo entre PSOE y su socio ERC el que dio vía libre al mismo. En realidad, tras la foto con el presidente Pedro Sánchez, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no tuvo problema en apresurarse a apuntarse el rédito político de un acuerdo que, se estima, aportará unos 4.700 millones más del Estado a Cataluña.
Para la Junta de Andalucía, "el nuevo modelo de financiación planteado por Montero no es más que otro pago al independentismo"
A partir de dicho acuerdo, la reunión de este miércoles con las autonomías nacía tocada. A tenor de declaraciones anteriores, cabía prever que Castilla-La Mancha y Asturias pudieran votar en contra, pero no el grado de beligerancia que han mostrado contra el mismo, en algún caso por encima incluso de comunidades del PP. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado, por ejemplo, que "el nuevo modelo de financiación planteado por Montero no es más que otro pago al independentismo, un traje exclusivo hecho a medida para que Sánchez siga en el poder. Una vez más, Montero vuelve a colocar a Sánchez por delante de los andaluces y los demás españoles", dijo. Carolina España ejerce prácticamente de portavoz del bloque de autonomías gobernadas por el PP.
Por su parte, el socialista Emiliano García-Page, que no estuvo en la reunión, señaló que "la ordinalidad es una línea roja para el gobierno de Castilla-La Mancha (que preside). No vamos a aceptar un modelo de financiación que defienda que quien más tiene más recibe".
Pese al este panorama –que el acuerdo solo cuente con el placet de una de las quince comunidades puede que sea significativo, pero lo determinante será cuando se vote en el Congreso– María Jesús Montero afirma que ahora se abre el período de negociación, en el que espera recibir propuestas concretas de mejora del modelo. "Una vez que se redacte la ley será el momento de sentarse a negociar con todos los grupos de la Cámara", afirmó. Montero dijo también que hablar del "cupo separatista es una mentira (...), es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña". En cualquier caso, la vicepresidenta recordó que no es obligatorio para las comunidades sumarse a este nuevo modelo, que la que quiera puede seguir rigiéndose por el anterior, aunque insistió en que el modelo nuevo es mejor "y que nadie le ha demostrado en la reunión que no sea así".
Los plazos que maneja Montero son que el acuerdo –sea el texto actual o incluya modificaciones– se apruebe antes del 31 de diciembre de 2026 para que entre en vigor ya en 2027. Dejando de lado las asperezas que este tema crea en el seno del propio PSOE, Sánchez necesitaría del apoyo de todos sus socios. Especialmente está en el aire que hará Junts, que decida lo que decida tiene complicado decir no a un acuerdo que, en efecto, parece favorable para los intereses de Cataluña, y si dice que sí, sin más, aumentará la sensación de que va por detrás de los acontecimientos, tanto en España como en Cataluña.
Por último, no hay que olvidar que María Jesús Montero será la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en cosa de cinco o seis meses. Todo este tema puede menguar aún más sus posibilidades, ya de por sí exiguas, según todas las encuestas...