Casi doce horas de comparecencias que han dado para mucho y han resuelto poco. Una veintena de intervinientes han pasado por la comision de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda para mostrar sus opiniones técnicas, políticas e, incluso, personales sobre una de las grandes polémicas de lo que llevamos de legislatura en el Parlamento de Andalucía: la proposición de ley de ordenación del territorio en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana.
Lo único que ha quedado claro es que nada está claro. El consenso brilla por su ausencia y, a pesar de ello, la norma sigue tramitándose. Esto no quiere decir que haya posturas que argumenten la conveniencia de esta nueva norma que Partido Popular y Vox han registrado en el Parlamento. Lo que significa es que hay prácticamente el mismo de personas en contra. Algunas voces han pedido que se afronte de una vez por todas el tema sin intoxicaciones electorales. De nada sirve este aviso. Se ha debatido en tres ocasiones y en las tres había elecciones en el horizonte.
El disenso quedó claro desde primera hora de la mañana entre los diferentes grupos políticos presentes en la comisión. La bronca no ha faltado, sobre todo entre Partido Popular y PSOE, a primera hora de la mañana. Al inicio del turno de tarde, la escena se ha repetido ante la vergüenza de otros diputados allí presentes y algunos comparecientes. "Esto es propio de institutos", ha llegado a decir Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de Almonte, por la discusión entre Mario Jiménez y Antonio Saldaña. Entre los reproches, irónicamente se han lanzado algunos calificativos como "democrático" o "catedrático".
La situación ha sido tensa desde por la mañana ya que cada portavoz podía disfrutar de dos minutos para hacer sus preguntas y apreciaciones a cada uno de los comparecientes. Jiménez ha comenzado excediéndose en su tiempo, lo que le ha costado algún reproche de la presidenta de la Comisión. La presidenta, Ana Chocano (PP), ha aprovechado además para hacer apreciaciones sobre el contenido. Un hecho que no le ha sentado bien al diputado socialista. La consecuencia, pese a la negativa de los grupos de izquierdas, ha sido que todas las preguntas de los diferentes grupos se han realizado de forma seguida para que posteriormente la persona citada las contestara.
Lo cierto es que esto sólo es una anécdota sobre la situación tensa que se vive actualmente en la política andaluza en relación a esta ley. El momento más relevante ha quedado para el final con una hora de retraso. La comparecencia de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, era la más esperada. Por su conocimiento del parque, pero también por toda la polémica que ha rodeado a su llamamiento. El PP no quiería que compareciese, pero la denuncia del PSOE y la presión mediática provocó la rectificación de los populares con el malestar de Vox.
El biólogo, uno de los científicos que más sabe sobre la situación de Doñana no ha cambiado un ápice su discurso y ha vuelto a insistir en que la norma es peligrosa para el futuro del Parque Nacional. "Doñana se seca", ha afirmado. Antes se había referido a su 'veto' en esta comisión. De hecho, Delibes ha confesado que tenía la sensación de haber acudido como un "intruso" al no haber recibido una notificación para acudir. La Presidencia le ha asegurado que se le ha mandado un correo electrónico.
Sin elevar el tono, el biólogo ha criticado la ausencia de algunas personalidades entre las comparecencias. "Se lo podrían explicar mejor que yo", comentaba con ironía cada vez que avanzaba en su exposición. El presidente del Consejo de Participación de Doñana manifestado que "no se debería gestionar los asuntos públicos a espaldas de la ciencia". Al mismo tiempo ha señalado que no tiene sentido un Consejo de Participación que no participa, en referencia también a su exclusión.
Sobre la norma, Delibes ha pedido a la Junta y al Partido Popular valentía para retirar la ley ya que "ha provocado la mayor crisis social, institucional, política y mediática sobre Doñana". A continuación ha solicitado que se frene la crispación que existe en el debate público. "Está en juego la paz social, la confianza de la ciudadania, el futuro de los agricultores locales y la imagen de los productos en España y en el mundo", ha añadido durante su intervención. El científico ha suplicado la retirada de la ley y un acuerdo entre partidos y administraciones para ayudar a los pequeños agricultuores que clausuren sus pozos. "El deterioro de Doñana es un fracaso para el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha sentenciado.
Antes, organizaciones como WWF, COAG, la alcaldesa de Almonte, CCOO o UGT ya habían pedido en sus intervenciones a PP y Vox que retirasen la ley. Especialmente dura ha sido la intervención de la ya mencionada Rocío del Mar Castellano, que no seguirá en el cargo a partir del sábado por el resultado electoral. De hecho, la intervención de Castellano ha comenzado con reproches por la ausencia de científicos como Eloy Morán, director de la Estación Biológica de Doñana, y de agricultores de su municipio. Y es que, Almonte es uno de las localidades afectadas por la norma que se siente perjudicada por la reordenación del territorio. "Vengo a defender a mis agricultores y a mi pueblo que ya están sufriendo las consecuencias del ruido que la ley ha generado".
La asociación ecologista WWF ha alertado de que el texto puede llegar a contemplar la legalización de hasta 1.900 hectáreas. También ha ofrecido un dato que da otra visión del enfrentamiento existente: mientras el de una hectárea de secano es de 10.000 euros, el precio medio de una hectárea de fresón en regadíos es de 80.000 euros.
El secretario de Organización de COAG, Eduardo López, ha solicitado "la suspensión" de la tramitación de la ley y ha propuesto crear "una mesa de diálogo entre las administraciones implicadas que busquen soluciones reales". También ha optado por dar datos. Según esta organización, el 2,5 de los propietarios tiene más de la mitad de la superficie y el 80% del agua.
López ha asegurado que la agricultura debe ser parte de la solución para Doñana y ha pedido que "no se planifiquen soluciones de regadío pensando en plazos electorales". Por esto, ha reclamado a la Administración del Estado y a la Autonómica que "asuman su responsabilidad y dejen de usar el sector agrario como arma de guerra política y mediática".
El reclamo de una mesa de diálogo entre todas las administraciones ha estado muy presente durante la gran parte de intervenciones. Sobre todo en las de aquellos alcaldes que se enfrentan cara a cara a agricultores afectados. Si la Junta denuncia que el Gobierno no les ha propuesto ninguna reunión, Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, ha denunciado que nadie de la administración andaluza se ha reunido con su equipo de gobierno para explicarles la ley y sus consecuencias. Otros ayuntamientos, como el de Lucena del Puerto, sí se han mostrado rotundamente a favor.
En esta línea, Juan Antonio García, alcalde de Bonares, ha mandado un mensaje tajante a todos los presentes, "se ha dado una patada al avispero y nos van a picar a todos. La imagen que estamos dando es de vergüenza. El bombo mediático está perjudicando a la marca Huelva y a un producto estrella como los frutos rojos". Lógicamente se refería al boicot alemán a la fresa de Huelva tras toda la polémica.
La imagen internacional es algo que realmente preocupa. El propio alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha llegado ha señalar que cada campaña en los medios de comunicación sobre la situación crítica de Doñana y su relación con la agricultura tiene un coste de 2,5 millones de euros al día. Este mismo regidor ha llegado a reivindicar los derechos históricos que en muchas ocasiones ha señalado el Gobierno de Juanma Moreno afirmando que el reparto de tierras se produjo en el año 1938 y que fue en el 1957 cuando se comenzó a cultivar la fresa en regadío. Algo que ha definido como un pulso al Franquismo.
Una de las personas que más se ha extenedido ha sido Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva y el compareciente previo a Delibes. En su intervención ha dejado algunas frases peculiares como "eso de que Doñana se muere es falso", "los científicos me tienen que escuchar a mí, que tengo 82 años" o la intención de ampliar regadíos porque "la sequía es cíclica y a lo mejor se pone a llover mañana y no para en 20 años".
Tampoco han faltado las vivencias personales. El Partido Popular acordó convocar a pequeños agricultores afectados por quedarse fuera. Entre ellos se encontraban un padre y su hijo, ambos llamados Joaquín Regidor. Ambos han narrado problemas legales y económicos en su familia como consecuencia de haberse quedado fuera del plan que ordenaba el territorio a principio de siglo. Este tipo de historias personales se han repetido entre varios comparecientes.
Son varias las soluciones que se han ofrecido, muchas de ellas enfocadas al trasvase de agua y a las obras hídricas, pero ninguna de las comparecencias ha movido una sola opinión de los diferentes grupos parlamentarios. En el diagnóstico, no obstante, sí hay cierto consenso. "Esto no va de salvar pajaritos, sino de que nuestros nietos puedan beber", ha sentenciado la alcaldesa de Almonte.
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