La UCO de la Guardia Civil ha detenido a Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, dentro de la misma operación en la que fueron arrestados este miércoles la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por su supuesta implicación en irregularidades vinculadas a contratos públicos.
La investigación, dirigida bajo secreto por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, mantiene desplegados a los agentes de la UCO en 19 registros repartidos por distintas provincias. Entre ellas figuran Madrid, Sevilla y Zaragoza, donde los agentes han irrumpido en la sede de la empresa Forestalia.
Los tres detenidos serán puestos a disposición del juez este sábado y se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según fuentes jurídicas. Desde su detención, permanecen en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
Alonso, arrestado en Vizcaya, ya estaba bajo la lupa del Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que aparecería implicado Santos Cerdán. Ambos firmaron una escritura por la compraventa del 45 % de las acciones de Servinabar, aunque el exdirigente socialista sostiene que dicha operación “nunca se hizo efectiva”.
El último informe de la UCO remitido al Supremo señala que Cerdán, a través de Servinabar, habría percibido un 2 % de cada adjudicación obtenida por la constructora Acciona, cuyos exdirectivos están investigados por sus supuestos vínculos con la trama del caso Koldo. Unas adjudicaciones que, según los agentes, se conseguían mediante la “indebida influencia” del exresponsable socialista.
En paralelo, Leire Díez, también conectada a Cerdán, ya estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se le atribuyen maniobras contra miembros de Anticorrupción y mandos de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Díez, ex trabajadora de Enusa y Correos, defendió que sus actos respondían a una investigación periodística. No obstante, en la causa consta la grabación de una reunión con el fiscal Ignacio Stampa en la que se presenta como “mano derecha” de Cerdán y “la persona que ha puesto el PSOE” para investigar irregularidades.
El tercer detenido, Vicente Fernández, también figura vinculado a Servinabar, empresa a la que se incorporó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional para la explotación minera de Aznalcóllar (Sevilla). Él y los otros 16 acusados terminaron absueltos.