La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido absolver a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso internacional para adjudicar la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla). Entre ellos se encontraban funcionarios, técnicos de la Administración autonómica y varios perfiles ligados a la gestión pública. Tras más de cuatro meses de vistas —un total de 36 sesiones celebradas entre marzo y julio—, el tribunal concluye que no existen indicios de los delitos atribuidos y que la acusación ha resultado “infundada”. Así lo ha comunicado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El caso, que se remonta a 2015, ha estado rodeado de controversia desde su inicio. La Fiscalía ya pidió la absolución en la fase preliminar del proceso y rechazó que hubiera habido irregularidades durante la instrucción. El Ministerio Público avaló la actuación de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3, que hasta en dos ocasiones solicitó archivar la causa. Para la Fiscalía, nunca se llegó a acreditar la comisión de delito alguno durante el proceso de adjudicación.
Una causa con altos cargos y empresarios
Entre los procesados figuraba Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y entonces secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta. También estaban imputados los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, así como varios técnicos que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión encargada de valorar las ofertas.
En el juicio, Fernández insistió en que el concurso se desarrolló “conforme a la legalidad” y aseguró no haber intervenido ni influido en ninguna decisión. La exdirectora general de Minas, María José Asensio, defendió igualmente que los miembros de la mesa se designaron siguiendo criterios estrictamente normativos y que todas las decisiones se tomaron por unanimidad. Otros funcionarios negaron cualquier irregularidad.
La causa había nacido tras una denuncia de Emerita Resources España, que señaló presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude en el expediente. Ninguno de ellos ha sido considerado probado.
La sentencia, notificada hoy, absuelve a todos los acusados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Además, el tribunal impone el pago de las costas a las tres acusaciones personadas y critica “la injusticia y sinrazón de su posición” y el “perjuicio moral y económico” ocasionado a los investigados.