La desclasificación de 153 documentos relacionados con el 23-F el pasado miércoles ha tenido un inesperado giro: el 'blanqueamiento' del rey Juan Carlos. Al menos el inicio de una campaña a tal fin. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado después de la criba de dichos documentos, que se permita el regreso del Emérito a España por motivos, sin decirlo explícitamente, humanitarios. Esta iniciativa del líder de la oposición ha abierto un debate público inesperado, con el que nadie contaba desde que se dio a conocer la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar todos estos documentos coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de estado.
Durante toda la primera parte de la semana se vino especulando, tanto en círculos políticos como periodísticos, con la posibilidad de que dichos documentos arrojasen algún tipo de novedad sobre el papel de don Juan Carlos, Felipe González e incluso Adolfo Suárez durante el 23-F y los días previos a dicha fecha, la del intento del golpe del estado. Finalmente, los documentos desclasificados no aportan grandes novedades, ni a favor ni en contra... –luego, es a favor– sobre el papel que jugaron todos estos dirigentes. Y eso con todo lo que se había hablado, por ejemplo, de una posible venganza de Sánchez contra González por el enfrentamiento abierto que mantienen.
En lo que respecta al Emérito, el PP entiende que la documentación viene a avalar el relato oficial acerca de su papel aquel día como garante de la Constitución frente a la trama golpista, por lo que Feijóo estima que debería permitirse su regreso a España desde su 'exilio' de Abu Dabi (Emiratos Árabes) para que viva sus últimos días en España, teniendo en cuenta que ha quedado libre de cualquier sospecha en los documentos y que don Juan Carlos tiene 88 años de edad.
La propuesta de Feijóo ha sido saludada por los suyos y recibida con neutralidad por distintos dirigentes socialistas, que recuerdan que el anterior monarca no se encuentra propiamente exiliado y que, en la actualidad, no hay ningún motivo judicial ni de otro tipo que impida su residencia en España. Esa es la cuestión, el PP pretende 'amnistiar' –es una manera de hablar– su retorno, pero equivoca la segunda parte de la ecuación quid pro quo que plantea: don Juan Carlos, en efecto, no está fuera de España por la existencia de alguna sospecha sobre su papel el 23-F –que las ha habido y, pese a todo, sigue habiéndolas– sino por los problemas que ha tenido con el fisco y por los que ha tenido que desembolsar algo más de 5 millones de euros en dos pagos a la Agencia Tributaria española por rentas (léase comisiones y dinero en paraísos fiscales) no declaradas en su día y que, en su momento, fueron motivo de sendas investigaciones tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo. Esa es la cuestión, no es otra, nada que ver con el intento de golpe de estado del 23-F.
Rufián: "los delincuentes mejor fuera que dentro"
Otra cosa es la auténtica explicación de su residencia en Abu Dabi desde 2020, su mal llamado exilio. Se sobreentiende que tanto Juan Carlos I como su hijo Felipe VI dan por supuesto que los problemas judiciales que ha tenido el primero podrían comprometer el reinado del segundo, sobre todo teniendo en cuenta que en el Gobierno actual y entre sus aliados hay grupos políticos abiertamente hostiles a la Corona (Gabriel Rufián, de ERC, por ejemplo, ha declarado que "los delicuentes mejor fuera que dentro"). Otra cosa es que se aclare de quién fue exactamente la decisión de la salida de don Juan Carlos de España y de quien es –sigue siendo– la idea de su permanencia en el tiempo, de hecho todo indica que se trata de la actual Casa Real. Probablemente, esa hostilidad explique lo que ocurre, porque se trata de algo que va más allá de determinadas formaciones políticas y su regreso definitivo, dejando de lado las anécdotas de Sanxenxo, podría ser motivo de fuerte controversia... salvo que sea efectivo el 'blanqueado' por el 23-F.