La extinta Egmasa, Empresa de Gestión Medioambiental S.A., una compañía pública, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, presentó un ERE para 373 trabajadores el 30 de junio de 2003, alegando causas productivas y organizativas, por su necesidad de renovar una plantilla envejecida, que debía desempeñar labores dentro del Plan Infoca.
Para acometer estos despidos, Egmasa recibió más de 21 millones de euros —concretamente, 21.673.680,62 euros— en ayudas que están siendo investigadas como una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó, en septiembre de 2021, continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra nueve personas investigadas por este presunto caso de corrupción.
Prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos son los presuntos delitos que se investigan por un ERE que, tras la negociación, extinguió 348 contratos de empleados que trabajaron previamente en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar en sus puestos, pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en Egmasa, donde fueron incluidos en un ERE.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, Jaime González, denunciante del caso de corrupción conocido como el cártel del fuego andaluz, que permitió conocer supuestas irregularidades cometidas en los contratos de alquiler de aviones y helicópteros del Plan Infoca —que ha acabado con varias imputaciones de algos cargos—, ha vuelto a poner en manos de la Justicia posibles indicios delictivos sobre el ERE de Egmasa.
A través de la asociación Alianza Contra la Corrupción, de la que forma parte González, junto a otros denunciantes como Roberto Macías —que destapó la trama de facturas falsas de UGT—, se presenta denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, aportando abundante documentación, y planteándose diversas cuestiones.
“No es normal que primero Egmasa contratara a personas mayores de 52 años y que no tenían experiencia ni probablemente aptitudes para estar trabajando en oficinas de diputaciones, ayuntamientos, para apagar incendios forestales, y luego los prejubilaran. Evidentemente, los contrataron para prejubilarlos y poder completar su pensión. Lo más plausible es que una cosa se hiciera para llegar a la otra, y eso es un plan criminal”, redacta, en una denuncia a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es.
“¿No sería posible que esos prejubilados de Egmasa sean familiares de responsables políticos que otorgaron cursos de formación a empresas del régimen, o cualquier tipo de ilegalidad grosera, y este privilegio que se concedió en el ERE de Egmasa sea el pago a sus servicios?”, se pregunta el denunciante. En el escrito presentado en el Juzgado, se hace mención a los posibles vasos comunicantes entre las empresas públicas Egmasa, Faffe y la Agencia IDEA.
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta Andalucía, entonces presidida por Francisco Javier Guerrero —ya fallecido—, concedió mas de 21 millones de euros en ayudas para el ERE de Egmasa. En esta pieza separada de los ERE, están imputados el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, cinco representantes y directivos de Egmasa, un representante de CCOO y dos responsables de la mediadora Vitalia.
La Alianza Contra la Corrupción, en la denuncia registrada el pasado mes de octubre, pide al Juzgado que se investigue a las cúpulas de las secciones sindicales de UGT y CCOO relativas al Plan Infoca, y también los nombres y apellidos de todos los altos cargos y directivos de la Consejería de Empleo de Córdoba y sobre todo el SAE, que intervinieron en el caso de los cursos de formación para la empresa Faasa.
El 'cártel del fuego'
Fumigación Aérea Andaluza (Faasa) es una empresa implicada en la causa conocida como el cártel del fuego, denunciada por Jaime González, un funcionario de carrera que trabajó entre 2014 y 2019 en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ahora integrada en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
El pasado verano, el magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, archivó la causa contra cinco funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente andaluza que fueron imputados por el cártel del fuego, por el que se producían pactos ilícitos para conseguir contratos públicos —con costes inflados— relacionados con medios aéreos dedicados a la extinción de incendios forestales en todo el país.
Los empresarios agraciados con los contratos conseguidos gracias al conocido como cártel del fuego lo agradecían“mediante presentes, agasajos y sistemáticas atenciones de contenido económico”, según constata la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción, en esta causa, ha acusado a 17 personas, entre ellas a Serafín Castellano, conseller de Justicia y Administraciones públicas de la Generalitat Valenciana durante gobiernos del PP entre 1999 y 2000, para el que pide 21 años de prisión por delitos de falsedad, cohecho, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y prevaricación.
En palabras de la Fiscalía, los acusados fundaron y pusieron en funcionamiento “una asociación de personas y empresas del sector que, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado”.
Para ello, los miembros del cártel del fuego llevaban a cabo “una engañosa puesta en escena, que aparentaba libre concurrencia, mediante la cual obtenían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto”, incide Fiscalía.
Egmasa y el 'cártel del fuego'
Jaime González, adscrito a la Alianza Contra la Corrupción, constata en su reciente denuncia que ya puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción en 2018 una “decisión muy extraña” tomada en el seno de la Administración andaluza. Hasta 2008, las licitaciones de medios aéreos del Infoca las gestionaba Egmasa. A partir de ese año, es la Consejería de Medio Ambiente quien se encarga.
“Advertí al Juzgado, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de este hecho. Es una decisión muy extraña porque el resto de actuaciones de provisión del Plan Infoca parece que las sigue haciendo la empresa pública”, relata en el escrito consultado por este medio. “Cuando estalló el caso de los ERE de Egmasa se decidió cambiar la competencia para las licitaciones de los medios aéreos del Infoca para alejar el foco de una posible conexión entre ambos”, asegura González.
“Cuando yo denuncié lo del Plan Infoca, se personaron en la causa Ecologistas en Acción, Podemos y CGT. Personas de estos organismos me confirmaron de forma repetida que lo que yo denunciaba, y más cosas, eran de conocimiento generalizado entre la gente del mundillo —trabajadores forestales, agentes de medio ambiente, Seprona, miembros de asociaciones, etc.—. Para que eso hubiera llegado hasta 2015 sin que nadie lo denunciara, que es cuando yo lo hice, según ellos, era porque los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO que aglutinaban al a mayoría de trabajadores, se negaban a hacerlo y se encargaban de maniatar cualquier atisbo de rebelión entre los trabajadores del Plan Infoca”, describe el denunciante.
Jaime González, en su escrito de denuncia, critica las “malísimas condiciones” que sufrían los trabajadores del Plan Infoca, “como máximos perjudicados del cártel de empresas de extinción que hay dentro de la Consejería y que deciden la política forestal”. "El motivo de que esas cúpulas de sindicatos se prestaran a ese juego desleal era porque en la época de Juan Espadas —gerente entre 2004 y 2008, cuando el ERE ya había sido aprobado— y otros como gerentes de Egmasa se les había concedido un ERE ilegal donde se habían prejubilado muchos y sus familias”, apunta.
La Junta contra el denunciante
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía denunció, en 2017, a Jaime González, el funcionario que destapó el cártel del fuego andaluz. El Gobierno andaluz, entonces en manos del PSOE, interpuso una denuncia por presunto maltrato y vejaciones a una compañera, pocos días después de abrirle expediente sancionador y de suspenderlo de empleo y sueldo.
“Si me dan 20.000 euros, ahí sí que la violo, pero una vez y con sufrimiento”. Por esta frase, escrita por González, en referencia a una compañera sobre la que auguraba que, dentro de una campaña de desprestigio que estaba sufriendo, diría que la había intentado violar, la Junta lo llevó ante Fiscalía.
El expediente de suspensión recogía que “la agresión física y verbal” y las “declaraciones vejatorias” de Jaime González hacia dos compañeras “pudieran ser faltas disciplinarias graves o muy graves tales como acoso laboral y moral, sexual y por razón de sexo, grave desconsideración con las compañeras y atentado grave a la dignidad de las funcionarias”.
González, antes del escrito de denuncia, llevaba meses advirtiendo a sus superiores de que había compañeras —entre ellas, las denunciantes— que buscaban enfrentamientos con él para sacarlo de quicio y tener motivos para que lo sancionaran. El funcionario también dijo que sufrió “acoso laboral” y que fue injuriado.