Finalmente y a pesar de la incertidumbre prolongada durante toda la semana, el Gobierno de España ha podido convalidar el decreto que aprobó con el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania y lo ha vuelto a hacer al límite, algo que no es novedad viendo el resto de votaciones de la legislatura.
Del bloque tradicional se ha vuelto a caer Esquerra Republicana de Cataluña por el caso de presunto espionaje a líderes independentistas. Gabriel Rufián, el portavoz, ya reconoció durante el miércoles que el sentido del voto causaría desgaste a su formación, pero que la única forma de dialogar con el PSOE era "tumbarle su agenda legislativa". No haber podido sacar este decreto adelante hubiera sido un duro golpe para Pedro Sánchez y su equipo. El presidente, por cierto, canceló un viaje al este de Europa este miércoles por lo ajustada que estaba la votación.
Junto a los nacionalistas catalanes han votado PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias. El Partido Popular de Feijóo ha tenido contactos durante la semana con el Gobierno a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, el Ejecutivo finalmente no ha llegado a un acuerdo. Las propuestas de los populares eran una bajada de impuestos y la tramitación del decreto como proyecto de ley para enmendarlo.
Aun así, el Gobierno ha reunido 176 votos, una mayoría absoluta, aunque la simple era necesaria. El voto salvador ha llegado de la mano de Bildu que, pese a estar molesto por el caso de presunto espionaje, ha argumentado que ha separado esa cuestión de las necesidades de la gente. Con este voto, los abertzales se han unido a PSOE, Unidas Podemos, el PNV, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, el BNG y Teruel Existe.
Aunque la rebaja del combustible es la medida más mediática que contiene el decreto por la escalada de los precios, la norma también incluye el límite de las subidas del alquiler, la ampliación del bono social y el ingreso mínimo vital, las rebajas de impuestos y peajes en la factura de la luz, la ampliación de la línea de avales públicos del ICO y la flexibilización de las ya aprobadas, así como el resto de ayudas acordadas con el sector del transporte por carretera y ayudas directas para el sector primario.
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