El Ayuntamiento de Jerez se mantiene, junto al de Jaén y Parla, como la administración local de España en riesgo "crítico" de colapso económico, con su estabilidad y con problemas de sostenibilidad a medio plazo. Una vez más, y pese a los esfuerzos del actual gobierno local por revertir esta situación y vender cierta normalización económico y financiera, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) deja en mal lugar al Consistorio jerezano, uno de los que cuenta con mayor presupuesto de la comunidad autonómica.
El artículo 17.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que "antes del 1 de abril de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas. Igualmente, el informe recogerá el cumplimiento de la regla de gasto de los Presupuestos de la Administración central y de las Comunidades Autónomas".
En el informe aparecen 24 ayuntamientos españoles señalados por el organismo independiente en este estudio anual y uno de cada tres son de la provincia de Cádiz. En el listado aparecen Jerez, Los Barrios, Barbate, La Línea, Algeciras, Arcos, Puerto Real y Sanlúcar, aunque a distintos niveles dentro de la gravedad.
Por ejemplo, reza el documento, "los ayuntamientos de Alcorcón, Isla Cristina, Puerto Real y Totana muestran una ligera tendencia a la mejora de su capacidad de reversión y los de Alboraya, Algeciras y Arcos de la Frontera (ahora en riesgo moderado) de empeoramiento".
Jerez, como se ha dicho, muestra un año más un nivel de riesgo "crítico", con una ratio entre la deuda viva y los ingresos del 456 %, una de los peores datos del país. Los Barrios, menos afectado, presenta un nivel "muy alto", mientras que La Línea, también en el Campo de Gibraltar, presenta un nivel "alto", al igual que el de Barbate, al que además se le acusa del "incumplimiento del deber de colaboración".
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