El agitador ultra sevillano Luis Pérez Fernández, conocido por el sobrenombre de Alvise Pérez, recibía la pasada semana una nueva comunicación judicial. Esta vez, el Tribunal Supremo le informaba de que ha abierto una causa contra él —actualmente aforado por su condición de eurodiputado— por un presunto delito de amenazas condicionales al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Se trata de la quinta causa judicial que abre el TS contra el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) que, pese a todo, pretende dar un zarpazo a la tarta electoral del próximo 17 de mayo en Andalucía.
Convocados los comicios autonómicos en la noche de este pasado lunes tras reunir de urgencia el presidente Juanma Moreno a su Consejo de Gobierno, muchos se preguntan cómo impactarán fuerzas, a priori, minoritarias como el proyecto de Alvise en el resultado final de los determinantes comicios andaluces. De entrada, Alvise ha elegido al policía nacional, empresario y cantante sevillano Adrián Yacar (1995) para encabezar la lista de SALF a la presidencia de la Junta de Andalucía.
En excedencia del CNP, donde ha conseguido la Cruz Blanca al Mérito Policial y la Medalla de Honor de la Policía Nacional de Francia, Yacar se dedica al margen de la política a su actividad como CEO de una empresa de IA, Next GenIA. Desde el núcleo duro del partido de Alvise y miembro de la unidad de élite de la Udyco, así las cosas, saltará ya a la política andaluza donde el sevillano estuvo amagando con no presentarse y disputar votos a PP y Vox si se cumplían demandas como, por ejemplo, cerrar Canal Sur.
Ninguna de las formaciones ha querido prestarle demasiada atención para no engordar sus expectativas, pues el caso más reciente de las elecciones de Castilla y León han dejado muy tocado a Vox, que precisamente vio cómo los restos electorales por el factor Alvise le quitaban tres procuradores en otras tantas provincias.
¿Cómo puede afectar en Andalucía la irrupción de SALF?
¿Cómo puede afectar en Andalucía? Si nos atenemos al resultado de la convocatoria en la que ha participado, las pasadas elecciones europeas, SALF puede ser crucial en el tablero aunque no lo parezca. Entonces, junio de 2024, fue cuarta fuerza política, con 180.816 votos, el 6% de los sufragios —Adelante Andalucía obtuvo 167.970 votos en las últimas andaluzas de 2022—.
Es obvio que cada convocatoria electoral es un mundo y que extrapolar de unas elecciones y unos contextos a otros es imposible, pero el espectacular resultado de 2024 de SALF, con una campaña donde el leitmotiv de la misma era "ir contra el sistema criminal" de la política, inquieta a todo el arco ideológico que concurrirá en los próximos comicios autonómicos. Ahora, con un policía experto en combatir el terrorismo yihadista, ya se puede intuir por dónde dará los siguientes pasos un outsider de la clase política dispuesto a ser el perejil de todas las salsas electorales, aunque sea para erosionar al resto.
Causas abiertas por el TS contra Alvise
Como se recordará, el Tribunal Supremo tiene abiertas contra el eurodiputado Alvise Pérez no una, sino cinco causas distintas, un rosario de procedimientos judiciales que abarcan desde el presunto acoso a compañeros de candidatura hasta la financiación irregular de su partido. Tras el caso de acoso a Landaluce, el alto tribunal ya ha dado un paso formal y ha dirigido suplicatorio al Parlamento Europeo en dos de esos expedientes para poder continuar con los procedimientos, un trámite imprescindible dado que Alvise ostenta la condición de aforado como representante en la Eurocámara.
La primera de las causas tiene que ver con el presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su propia lista electoral. La segunda apunta a la difusión de una PCR falsa atribuida al entonces ministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, una acción que en su momento generó una notable repercusión pública y política. La tercera causa se centra en el presunto acoso en redes sociales dirigido contra Susana Gisbert, fiscal coordinadora de delitos de odio, cuya exposición pública derivada de esas publicaciones fue objeto de denuncia. El cuarto procedimiento aborda la presunta financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta (SALF), en concreto los 100.000 euros que Alvise habría recibido del empresario Álvaro Romillo, conocido en el entorno cripto como CryptoSpain.
El suplicatorio, clave para levantar el aforamiento
El suplicatorio es el mecanismo legal mediante el cual el Supremo solicita formalmente al Parlamento Europeo autorización para proceder judicialmente contra uno de sus miembros. Sin ese permiso, la condición de aforado de Alvise actúa como escudo procesal y bloquea el avance de las causas. El TS ha optado por activar este trámite en dos de los cuatro expedientes, lo que indica que en esos casos la instrucción ha alcanzado un grado de madurez suficiente como para requerir ese paso previo. Pese a que ese conjunto de procedimientos pudiera dibujar un panorama judicial de notable complejidad para el líder de SALF, cuya irrupción en las elecciones europeas de 2024 con más de 800.000 votos le convirtió en uno de los fenómenos políticos más llamativos del ciclo electoral reciente en España.
