Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado la suspensión de la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que se extralimitó en sus funciones al adoptar esta medida sin contar con la aprobación del Congreso. El fallo, emitido por el Tribunal de Comercio Internacional, califica de ilegal e inconstitucional el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para justificar esta política comercial.
La decisión afecta a los aranceles del 30% impuestos a productos procedentes de China, así como a los gravámenes del 25% sobre determinadas importaciones de México y Canadá. También quedan paralizados los aranceles globales del 10% que se estaban aplicando a bienes de otros países, como los de la Unión Europea. Según la resolución, estas medidas vulneran la separación de poderes al haber sido adoptadas sin intervención legislativa.
El tribunal ha subrayado que la IEEPA no otorga una autoridad ilimitada al poder ejecutivo y ha invalidado las tarifas impugnadas por exceder las competencias del presidente. No obstante, la suspensión no se extiende a los aranceles del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar estos amparados por una legislación distinta, la Ley de Expansión Comercial.
La resolución incluye una medida cautelar permanente que, en caso de mantenerse, podría frenar de forma indefinida los aranceles afectados, incluso antes de que el Gobierno federal alcance acuerdos bilaterales con los países implicados. El tribunal ha establecido un plazo de diez días naturales para que las autoridades administrativas implementen esta decisión.
El fallo responde a una demanda presentada por el Liberty Justice Center, una organización independiente que representaba a cinco empresas que alegaban haber sufrido graves perjuicios económicos como consecuencia de los aranceles. El panel que tomó la decisión estuvo compuesto por tres jueces designados por distintos presidentes: Ronald Reagan, Barack Obama y Joe Biden.
La sentencia y el recurso
La Casa Blanca ha anunciado su intención de apelar la sentencia, argumentando que los aranceles eran una respuesta necesaria ante los desequilibrios comerciales que, según su posición, han tenido efectos devastadores en diversas comunidades del país. El Ejecutivo considera que la situación constituye una emergencia nacional que requiere medidas extraordinarias.
Según el Gobierno, corresponde al presidente y no al poder judicial determinar la mejor forma de afrontar una crisis comercial de esta magnitud. En este sentido, ha reiterado su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles del poder ejecutivo para hacer frente a la situación y defender los intereses económicos de Estados Unidos.
