La situación judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha abierto un nuevo frente inesperado: el de la financiación de su propia defensa. Recluido en una prisión federal de Brooklyn y a la espera de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, el exmandatario venezolano ha trasladado al tribunal que no dispone de recursos para pagar a su abogado. La controversia no gira en torno a su derecho a contar con representación letrada, sino a quién puede asumir legalmente los honorarios en el actual marco de sanciones contra el Gobierno venezolano.
En una carta fechada el 20 de febrero, su abogado, Barry Pollack, informó al juez Alvin Hellerstein de que solicitó al Departamento del Tesoro una autorización específica para que las autoridades venezolanas pudieran cubrir los gastos de la defensa. Según explicó, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) llegó a conceder esa licencia tanto para Maduro como para su esposa, Cilia Flores, también procesada en la misma causa. Sin embargo, en el caso del dirigente venezolano, esa autorización fue revocada apenas unas horas después de haber sido otorgada.
El letrado sostiene por escrito que “al negarse a autorizar al Gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC obstaculiza su capacidad para asegurarse los servicios de un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional –garantizado por la Sexta Enmienda (de la Constitución)– a ser representado por el abogado de su elección”. De este modo, la defensa enmarca la controversia en el terreno de los derechos fundamentales, al considerar que la restricción administrativa interfiere directamente en la capacidad del acusado para elegir libremente a su representante legal.
"Maduro presentará en los próximos días una moción formal"
Pollack precisó que, por el momento, no solicitaba ninguna actuación inmediata del tribunal y que su intención era simplemente informar de la situación procesal. No obstante, advirtió de que “si la OFAC no da seguimiento a la solicitud de restablecimiento de la autorización inicial, o la rechaza, el señor Maduro presentará en los próximos días una moción formal con el fin de solicitar la intervención del tribunal”. La advertencia anticipa un posible nuevo pulso judicial en el que el juez deberá ponderar el alcance de las sanciones frente al derecho constitucional invocado.
Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, fueron trasladados por la fuerza a Estados Unidos a comienzos de enero tras ser capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense. Ambos están formalmente inculpados por un tribunal federal de Manhattan por delitos vinculados al narcotráfico y permanecen encarcelados en Brooklyn a la espera de una nueva comparecencia prevista para el 26 de marzo. El proceso se desarrolla en un contexto político y diplomático de alta tensión entre Washington y Caracas.
Mientras la defensa sostiene que el Gobierno venezolano tiene la obligación de asumir los honorarios y que el acusado no puede afrontarlos por sí mismo, las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos bloquean cualquier transferencia sin autorización expresa.
