La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha lanzado una grave denuncia sobre lo que considera el “mayor fraude de origen de la Unión Europea”, señalando que la Comisión Europea pretende eliminar el país de origen en el etiquetado de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental, sustituyéndolo por la referencia a regiones como El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab.
Esta modificación, denuncia COAG, favorecería a grandes empresas y a Marruecos, vulnerando las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y engañando a consumidores y agricultores europeos.
“Lo que mañana se vota en el Parlamento Europeo no es un tecnicismo: es decidir si Europa admite que un tercer país influya en las normas internas de consumo y si se normaliza la desinformación en el etiquetado alimentario”, ha afirmado Andrés Góngora, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.
¿Qué se vota y por qué COAG pide rechazar la propuesta?
El Parlamento Europeo debe decidir si permite que, por primera vez, los productos vendidos en la UE no indiquen su país de origen, sino solo la región de procedencia, una excepción diseñada “a medida de Marruecos”, según COAG. Esta medida forma parte de las cesiones que la UE habría aceptado durante la revisión del Acuerdo UE-Marruecos, después de que en octubre de 2024 el TJUE lo anulase.
COAG alerta de que esta propuesta contraviene las sentencias del TJUE, que afirman con claridad que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, por lo que los productos deben indicar “Sáhara Occidental” como país de origen. Y también crea un precedente peligroso, que permitiría que importaciones no europeas eviten mencionar su país real, mientras que las producciones comunitarias seguirían obligadas a hacerlo.
COAG considera que provoca competencia desleal, ya que los productos saharauis podrían entrar en la UE con certificados emitidos por autoridades marroquíes, induce a error al consumidor, ocultando el verdadero origen mediante nombres desconocidos, generando la falsa idea de que procede de Marruecos. A su vez, carece de base jurídica, al intentar modificar normas de etiquetado interno en función de un acuerdo comercial con un país tercero y podría desembocar en una nueva derrota legal, como ya ha ocurrido con acuerdos anteriores anulados por el TJUE.
“Es una traición al consumidor, al agricultor europeo y al pueblo saharaui”
COAG lamenta que la Comisión Europea haya reconocido que esta excepción fue el resultado de “negociaciones con Marruecos”, lo que considera “indignante” e “inadmisible”. “No se puede permitir que un tercer país modifique normas internas de protección del consumidor europeo”, subrayó Góngora.
La organización insta a los eurodiputados a votar en contra del Reglamento Delegado, para defender el Derecho europeo, garantizar una información veraz, proteger a los agricultores europeos y evitar una grave cesión de soberanía legislativa.


