Facua-Consumidores en Acción ha tachado de "grave despropósito" que el Ayuntamiento de Sevilla no ordenase paralizar la actividad de Magrudis, cuya producción de carne mechada contaminada con listeria monocytogenes fue la causa del conocido brote epidémico, cuando en diciembre de 2018 la empresa presentó ante dicha institución una declaración responsable para regularizar su situación administrativa, que según un informe técnico elaborado ya a finales de agosto de este año contenía numerosos defectos y carencias, hasta el punto de "comprometer la seguridad y salud de los consumidores", según dicho documento.
Mientras el Ayuntamiento ha denunciado a Magrudis ante la Fiscalía por un posible delito contra la salud pública y "graves irregularidades" como darse de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin presentar hasta diciembre de 2018 una declaración responsable, revocada tras surgir el brote a cuenta de los defectos de la misma, el portavoz de Facua ha insistido en que Magrudis se constituyó a mediados de 2013 y hasta diciembre de 2018 "estuvo operando sin contar con licencia municipal de actividad", con lo que "ni el gobierno del popular de Juan Ignacio Zoido ni el de Juan Espadas contaron con protocolos de inspección".
Después de que el pasado 28 de agosto el Ayuntamiento declarase que "no ha surtido efecto" la declaración responsable presentada ante el mismo en diciembre de 2018 por Magrudis para regularizar administrativamente la actividad que habría comenzado en 2013, sin darse de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario y hacerlo sin autorización municipal, media un expediente sancionador incoado el pasado 30 de agosto por el Consistorio contra el técnico autor de dicha declaración responsable.
En el citado documento de inicio de expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.
"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis.
Del mismo modo, el informe avisa de que en la documentación presentada con relación a la empresa, las "naves señaladas en los planos de situación y emplazamiento" y la parcela catastral serían "erróneas", toda vez que "los certificados finales de contaminación de suelo, alumbrado exterior y hoja de resumen no se encuentran legalmente firmados" porque "contienen firmas simplemente escaneadas, todas exactamente idénticas e implantadas por aplicación".
El expediente sancionador continúa alertando de un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad desarrollada por Magrudis, mientras tampoco se "describe de forma detallada el proceso productivo" y la documentación carece de los aspectos relativos a "las instalaciones de fontanería, saneamiento, refrigeración, electricidad e iluminación".
Los defectos y carencias de esta declaración responsable, a juicio de Facua, suponen "el último y posiblemente más grave de este cúmulo de despropósitos", pues el Ayuntamiento "no detectó las irregularidades del documento, que debieron provocar la paralización de la actividad" de Magrudis. La declaración responsable, según insiste, contenía "claras irregularidades que se pasaron por alto y que debieron provocar la inmediata paralización de su actividad".
El portavoz de Facua ha lamentado que la Inspección de Consumo del Ayuntamiento aceptase "de forma indebida" reducir al nivel C el riesgo de Magrudis, extremo solicitado por la empresa para gozar de mayor flexibilidad en el régimen de inspección. La inspectora encargada del asunto, "la misma que había visitado la fábrica ocho meses atrás" según Facua, concluyó "que la empresa había dejado de distribuir sus productos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital, lo que provocó que se ampliara el plazo de inspecciones de una por semestre a una cada 18 meses", sin que fuese acometida la que correspondía en enero de este año, según la asociación.
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