La financiación de la enseñanza privada concertada en Andalucía alcanzará los 1.183,35 millones de euros en 2027, según el análisis del proyecto de presupuestos autonómicos realizado por Ustea. El sindicato denuncia que esta cantidad supone un incremento de 82,32 millones respecto al ejercicio anterior, mientras la red pública continúa perdiendo unidades educativas.

La organización sostiene que, desde 2019, se han eliminado 2.753 aulas públicas de Infantil y Primaria, de las cuales 360 corresponden al curso 2025-2026. Para Ustea, estas cifras reflejan una política educativa que favorece a los centros concertados frente a la enseñanza pública. La organización ha vuelto a llamar a la participación en la huelga educativa convocada para el 11 de noviembre.

Más de 82 millones adicionales para los colegios concertados

Según el desglose presupuestario presentado por el sindicato, los fondos destinados a la enseñanza concertada pasarán de 1.101,03 millones en 2026 a 1.183,35 millones en 2027, lo que representa un crecimiento del 7,48%.

De la cantidad total prevista, 1.170,76 millones financiarán unidades concertadas y conveniadas. Los otros 12,59 millones se destinarán a libros de texto y cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a prácticas de Formación Profesional concertada.

Las mayores asignaciones corresponden a Educación Secundaria Obligatoria, con 370,66 millones de euros, y Educación Primaria, con 343,85 millones.

También destacan los 148,94 millones para Infantil, los 127,48 millones para Educación Especial y los 113,04 millones para ciclos formativos de Formación Profesional.

Casi 2.800 aulas públicas suprimidas desde 2019

Ustea considera especialmente preocupante que el aumento de la financiación concertada coincida con el cierre de unidades en colegios públicos. Según sus datos, Andalucía ha perdido 2.753 aulas públicas de Infantil y Primaria desde 2019, mientras que solo durante el curso 2025-2026 se eliminaron otras 360.

El sindicato contrasta esta evolución con la de la enseñanza concertada, donde señala que se han suprimido únicamente 23 unidades de Primaria y una de Secundaria.

La organización entiende que el descenso de la natalidad no debería traducirse necesariamente en menos aulas, sino aprovecharse para reducir las ratios y ofrecer una atención más individualizada al alumnado.

Las carencias en Educación Especial

Otro de los aspectos que critica Ustea es la situación de los profesionales encargados de atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El sindicato cuestiona que se presupuesten 127,48 millones para Educación Especial concertada mientras, según denuncia, numerosos colegios públicos carecen de especialistas suficientes.

Entre los perfiles profesionales que considera necesario reforzar figuran los docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, los orientadores educativos y el Personal Técnico de Integración Social. Ustea asegura que algunos especialistas deben repartir su jornada entre varios centros o atender a un número elevado de estudiantes, lo que dificulta las intervenciones individualizadas.

Una huelga educativa el 11 de noviembre

Ante esta situación, la organización reclama un cambio en las prioridades presupuestarias de la Consejería de Educación. "No faltan necesidades en la escuela pública, faltan prioridades políticas para atenderlas", sostiene USTEA, que vincula sus reivindicaciones con la huelga educativa del próximo 11 de noviembre.

El sindicato exige un refuerzo de las plantillas, mejoras en las infraestructuras y una mayor dotación de recursos para atender a la diversidad.