La Delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP y Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, ha celebrado que el Ayuntamiento de San Fernando se avenga a cumplir con sus obligaciones, según marca la normativa, y atienda por fin las deficiencias en las instalaciones del CEIP San Ignacio. La falta de conservación y de mantenimiento por parte del consistorio es evidente y así lo detallan los informes técnicos.
En esta ocasión, la delegada ha dado un toque de atención a la alcaldesa Patricia Cavada y le ha tendido su mano para poder solucionar este problema.
"La lealtad institucional es un principio fundamental para trabajar en la dirección correcta en la solución de los problemas", le ha dicho a la alcaldesa, a la que también reclama que asuma la responsabilidad que procede. La Junta considera este colegio como una prioridad, tal y como lo recalcó en la reunión del pasado 29 de septiembre. Le trasladó que el director del centro había envidado al Ayuntamiento de San Fernando más de 500 requerimientos por deficiencias de las instalaciones que nunca tuvieron respuesta. Entre ellas figuran abombamiento, fisuras y grietas en techos, además de las aparecidas en el aula con resultado de desprendimiento, en el comedor, vestuario, en el salón de actos, aseo de profesoras, botiquín, aseo de niños, o humedades en distintas estancias.
Atendiendo al acuerdo llegado en dicha reunión, la Delegación ha encargado un estudio técnico a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que ha realizado el correspondiente expediente de licitación, ya adjudicado. A su vez, Isabel Paredes se ha referido al artículo 25 de la Ley 7/1985 del 2 y 3 de abril, en la que se recoge la regulación de las Bases de Régimen Local.
Esta normativa consultada por la Junta, atribuye muy claramente las competencias de mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial a los ayuntamientos, según recoge textualmente dicha ley.
"El ordenamiento jurídico autonómico sobre entidades locales atribuye igualmente a los municipios la titularidad de los edificios públicos destinados a centros educativos, tal como queda recogido expresamente en el artículo 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades Locales de Andalucía y cita muy claramente que la conservación, mantenimiento y vigilancia le corresponde a los ayuntamientos", ha recordado Paredes.
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