"Imbroda seguro que ha cobrado. Hay muchas PTIS en nuestros coles e institutos públicos que siguen sin cobrar", se queja el ex parlamentario andaluz José Ignacio García, en redes sociales, criticando que la Junta de Andalucía tenga a Personal Técnico de Integración Social (PTIS), los monitores de educación especial, sin percibir sus nóminas a mitad de noviembre.
"Culpables: empresas y la Junta de PP y Cs", insiste García, quien asegura que "las soluciones estan ahí:desprivatizar el servicio, subrogar al personal y que sean trabajadoras públicas; aumentar el número de plazas de PTIS para atender a todo el alumnado en condiciones y que trabajen todas (laborales y subcontratas)".
"Moreno menosprecia y precariza a los PTIS"
El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, tras mantener una reunión con representantes del colectivo de PTIS, acusó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de "menospreciar y precarizar al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los centros educativos públicos andaluces y atacar al alumnado con necesidades educativa especiales y a sus familias".
Tras mantener un encuentro de trabajo con una representación del colectivo de afectadas, afeó que el presidente andaluz "no atiende ni a las más de cien sentencias judiciales, ni al TSJA, ni a los informes de la Cámara de Cuentas ni a sus propios compromisos y sigue maltratando al colectivo de PTIS". "Ha quedado en evidencia que realizan un servicio estructural y que son trabajadoras esenciales, por lo que deben ser personal propio de la consejería de Educación y no pueden externalizarse", insistió Valero.
Por su parte, desde el PSOE, la portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, Noemí Cruz, denunció hace unos días que la Junta de Andalucía está poniendo los instrumentos necesarios para la "privatización definitiva y permanente de la atención en los centros escolares a los menores con necesidades especiales, con un nuevo decreto que precariza el servicio".
El Gobierno andaluz, según recriminó la parlamentaria socialista, "convierte este servicio en una actividad extraescolar más, cuando es una prestación esencial para menores que necesitan atención especializada para una mejor integración y aprendizaje, para garantizar su acceso a la educación en igualdad de condiciones", según una nota del PSOE.
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