El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), una norma que estaba prevista para ver la luz el mes pasado pero entre la tragedia de Adamuz y las borrascas se fue atrasando. Es una de las últimas normas de la Junta para esta legislatura, habiéndose incluso aprobado en un calendario extraordinario para ir tramitando. La norma ha salido adelante únicamente con los votos de la mayoría absoluta del PP, mientras que PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra.
Tras la aprobación, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, defendió que el texto se ha trabajado para conseguir el máximo consenso posible, para conseguir el máximo apoyo posible y, además, "para intentar tener la mejor ley posible para Andalucía". Agradeció a los grupos su labor y su disposición al diálogo, y subrayó que la norma “da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público”. Todo cuando esos grupos no han dado ni siquiera la abstención.
Según el consejero, las universidades públicas “ganan en autonomía” en política de personal, en la ordenación académica y en la planificación departamental, al tiempo que se blindan los derechos del estudiantado. Además, remarcó que “su aprobación permite dar un paso firme para que el futuro de la comunidad se escriba desde el conocimiento, la universidad y el talento”.
El debate evidenció un rechazo frontal de la oposición. El PSOE habló de “doble vara de medir” entre públicas y privadas y denunció que la ley “recorta autonomía”. Vox la calificó de “peligrosa” y alertó de que debilita la autonomía universitaria.
Por Andalucía criticó la proliferación de privadas “de escasa calidad” y la falta de financiación de las públicas, mientras que Adelante Andalucía la tachó de “auténtica imposición ideológica” y denunció cambios en la Ley de Transparencia.
Lo que implica la Ley, según la Junta
La LUPA sustituye al marco legal de 2013 e introduce novedades relevantes. Por primera vez reconoce por ley la bonificación de las matrículas y establece la exigencia del B2 de idioma extranjero tanto para obtener un título oficial como para acceder a categorías docentes como ayudante doctor y contratado doctor.
Incorpora la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y residencias estudiantiles mediante programas conjuntos, y garantiza la movilidad internacional a través de ayudas y becas financiadas por la Junta, priorizando Erasmus+. También fija medidas para asegurar la cobertura inmediata de la docencia ante vacantes y amplía las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes.
En el ámbito del personal, la norma se apoya en tres ejes: estabilidad, mérito y garantías. Se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido del profesor sustituto interino y se flexibiliza la compatibilidad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento.
En financiación, se consolida un modelo común revisable cada cinco años, con evaluación del gasto basada en indicadores de calidad y resultados, y se permite el uso de remanentes no afectados. Además, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, se regulan por primera vez los campus y se refuerzan las funciones de los consejos sociales. La ley también endurece, dice el Gobierno andaluz, los requisitos para la creación de universidades privadas, algo que precisamente pone en duda la oposición.