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El consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha presentado este martes el anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía, que pretende sustituir la normativa actual, vigente desde 2013. Un texto que, señala el Gobierno andaluz, ha sido consensuado con rectores, comunidad educativa y agentes económicos y sociales. Una ley fundamental para la legislatura, toda vez que se ha producido un fuerte incremento de universidades privadas, que en total suman cinco, cuatro desde que gobierna el PP.
Una de las medidas de esta norma es que sea por ley donde se recoja lo que ya se aplica, la bonificación de la práctica totalidad de la matrícula si se aprobó todo el año anterior, independientemente de si se es becario del Ministerio (becas MEC), siempre que se aprueben en primera matrícula.
Una de las cuestiones más importantes que afectan al día a día de los universitarios es la acreditación de un idioma extranjero. En la actualidad, es necesario obtener un nivel B1, que en inglés se denomina a menudo como el 'first' o 'Pet', y que es un aprendizaje preliminar, cierto dominio del idioma, pero muy lejos del bilingüismo. Desde 2029, se exigirá un nivel B2, que es un paso más, un nivel mayor de dificultad, y que sí obliga a conocer un idioma extranjero de verdad. Los niveles A1 y A2 son prácticamente conocer por encima el idioma, el B1 es un nivel medio bajo y el B2 un nivel intermedio que exige más horas. El C1 es un paso avanzado hacia el C2, que es considerado el nivel máximo de estudio, el bilingüismo.
Esto, obviamente, dificultará que puedan terminar la carrera aquellas personas más negadas para el idioma. Sin embargo, Villamandos, que fue rector de la Universidad de Córdoba, ha recordado que "prácticamente" al salir del Bachillerato, los estudiantes ya tienen un nivel B1, después de muchos años en educación primaria y secundario estudiando idiomas. Ahora, se les pedirá ir un paso más. Para ello, se procede a dar varios años de margen y ha anunciado ayudar para que se pueda afrontar este estudio.
Este nivel también se exigirá a los docentes universitarios, que también sufre cambios en su carrera. Se introduce ahora la figura del ayudante doctor, que se había eliminado, además de permitir que los docentes emprendan con más facilidades una carrera en el sector privado.
Asimismo, con esta norma se pretende limitar el contrato de sustituciones para que las universidades cuenten a partir de ahora con plantillas más estables, evitando así el gran problema de la precarización. En ese sentido, Villamandos ha asegurado que los docentes que menos cobran en la universidad andaluza están entre los que más cobran de España, por lo que no se percibe un problema en la retribución sino en la inestabilidad.
Por otro lado, para captar perfiles de docentes con talento, para que las universidades puedan realizar fichajes estrella, Andalucía optará por no aplicar la normativa estatal que limita las horas lectivas a 120.
Los rectores y la financiación
Una de las grandes peticiones de los rectores andaluces, muy críticos con la gestión de la Junta en los últimos años, sobre todo desde la masiva entrada de universidades privadas, es el asunto de la financiación. Ahora, se planteará un nuevo modelo con tres grandes bloques.
El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. El segundo hace referencia a la financiación afecta a resultados, articulada a través de los contratos programas; y el tercero, a la de nivelación, que, atendiendo a las singularidades de cada una de las instituciones académicas, permitirá corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores.
Asimismo, las universidades podrán utilizar sus remanentes, lo no ejecutado. Pero habrá control financiero con interventores como ocurre en los ayuntamientos. También añade cuestiones para abrir las instituciones a la sociedad, como la conformación de consejos sociales que den cabida a todo tipo de actores de la actividad pública y privada.
