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La Junta responde a las críticas por los PTIS en los colegios andaluces: "La externalización es un modelo heredado que el PSOE creó en 2006"

Educación defiende que desde 2018 la inversión destinada al servicio ha pasado de 11,5 a 39,9 millones de euros y cifra en 3.900 los profesionales previstos para el curso 2026/2027, 1.549 más que hace ocho años.

  • Un detalle de una camiseta de los PTIS (monitoras de educación especial) en lucha. CCO denuncia que se degrade la atención al alumnado con necesidades especiales. -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha respondido a las demandas sindicales sobre la situación del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en Andalucía después de que lavozdelsur.es recogiera las críticas formuladas por CCOO ante el comienzo del nuevo curso escolar. La Administración autonómica defiende la evolución experimentada por este servicio durante los últimos años y recuerda que el actual modelo de externalización de los PTIS no fue creado por el Gobierno de Juanma Moreno, sino que procede de anteriores ejecutivos socialistas.

La respuesta llega después de que CCOO pusiera el foco en la situación de alrededor de 2.000 trabajadores del PTIS externalizado, profesionales encargados de acompañar y atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El sindicato denuncia jornadas parciales, recortes y periodos de desempleo durante el verano y reclama contratos estables durante todo el año, jornadas adaptadas a las necesidades reales de los centros y la incorporación de estos profesionales desde el 1 de septiembre.

Desde la Consejería rechazan que la situación actual pueda analizarse sin atender al origen del modelo. "La externalización del servicio de PTIS es un modelo heredado que el PSOE creó en 2006 y mantuvo y engordó durante los 12 años siguientes en el Gobierno andaluz, también en los años de coalición con Izquierda Unida", sostiene Educación en respuesta a este medio.

La Junta asegura que el Ejecutivo de Juanma Moreno recibió este sistema "en situación límite y precaria" y reivindica las actuaciones desarrolladas desde el cambio de Gobierno en Andalucía. Según la Consejería, ha sido el actual Ejecutivo autonómico el que "le ha dado cobertura legal y estabilidad económica al Personal Técnico de Integración Social".

De 11,5 a 39,9 millones de euros

Educación pone sobre la mesa una serie de cifras para defender la evolución del servicio desde 2018. Según los datos facilitados por la propia Consejería, la inversión en PTIS ha pasado de 11,5 millones de euros en 2018 a 39,9 millones en 2026. También señala un incremento del número total de profesionales. En 2018, sostiene la Junta, había 2.351 PTIS, mientras que para el curso 2026/2027 la cifra se sitúa en 3.900. Esto supondría 1.549 trabajadores más y un crecimiento del 65,8% en ocho años.

La Consejería destaca igualmente los cambios introducidos en la regulación de esta figura profesional. Mientras que en 2018 los PTIS "no estaban recogidos en la normativa", asegura Educación, actualmente cuentan con reconocimiento mediante decreto. Uno de los argumentos utilizados por la Junta para responder a las críticas sobre la externalización es precisamente el crecimiento del personal dependiente directamente de la Administración autonómica. Según sus cifras, en 2018 existían 729 PTIS de Función Pública y durante este curso serán 1.603, lo que representa aproximadamente el 41% del total, frente al 31% que suponían hace ocho años.

Para el curso 2026/2027, la Administración asegura que se incorporan otras 150 plazas de PTIS de Función Pública, con una inversión superior a los 5,5 millones de euros. En los últimos cinco cursos, añade, se han incorporado al sistema educativo andaluz 613 profesionales, por lo que la plantilla consolidada de PTIS de Función Pública habría aumentado cerca de un 40%.

La Junta señala a las empresas y a la Inspección de Trabajo

La respuesta de Educación aborda también uno de los puntos centrales de las reivindicaciones sindicales: las condiciones laborales de los PTIS que trabajan para empresas adjudicatarias del servicio. La Consejería sostiene que actualmente exige a estas compañías, mediante los correspondientes pliegos de contratación, el cumplimiento de los convenios colectivos. Al mismo tiempo, marca distancias respecto a la responsabilidad directa sobre las posibles vulneraciones laborales.

"Quien tiene la competencia para velar por el cumplimiento de los convenios laborales es la Inspección de Trabajo del Gobierno de España y quienes negocian el convenio son los sindicatos y las empresas", señala la Administración autonómica. La administración autonómica también destaca la evolución del precio establecido para la prestación del servicio. Según los datos aportados por Educación, en 2018 el precio contemplado en los pliegos era de 18,7 euros por hora, mientras que actualmente alcanza los 28,6 euros, lo que representa un incremento del 53,4%.

Además, la cartera que dirige María del Carmen Castillo subraya otro cambio en las condiciones de contratación: en 2018, asegura, el incumplimiento del convenio colectivo no figuraba entre las posibles causas de resolución del contrato con las empresas adjudicatarias, mientras que actualmente sí está contemplado.

Los PTIS, asignados a sus centros

Educación asegura igualmente que "todas las PTIS, tanto de Función Pública como de servicios contratados, tienen su centro asignado", una afirmación que llega después de que CCOO cuestionara que los profesionales externalizados no se incorporen a los colegios e institutos el 1 de septiembre junto al resto del personal. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, calificó esta situación de "discriminación injustificable" y advirtió de sus consecuencias tanto para los trabajadores como para los menores que necesitan su asistencia.

Según el sindicato, la ausencia de estos profesionales durante los primeros días del curso puede generar problemas de coordinación y retrasar la preparación de la atención que requiere el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. CCOO reclama por ello que los PTIS estén presentes en los centros desde el primer día de septiembre y ha planteado incluso la posibilidad de movilizaciones si no se producen avances.

La Consejería contrapone a estas críticas el incremento de inversión, plantilla y precio del servicio registrado desde 2018, así como el aumento progresivo del peso de los PTIS pertenecientes a Función Pública. La discrepancia entre sindicatos y Administración mantiene así abierto uno de los debates que acompañan al comienzo del curso escolar 2026/2027 en Andalucía. Mientras CCOO centra sus reivindicaciones en la estabilidad laboral, las jornadas y el calendario de incorporación de los trabajadores externalizados, la Junta reivindica el crecimiento de recursos destinado al servicio durante los últimos ocho años y recuerda que el modelo de externalización de las PTIS comenzó a aplicarse en Andalucía en 2006.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha respondido a las demandas sindicales sobre la situación del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en Andalucía después de que lavozdelsur.es recogiera las críticas formuladas por CCOO ante el comienzo del nuevo curso escolar. La Administración autonómica defiende la evolución experimentada por este servicio durante los últimos años y recuerda que el actual modelo de externalización de los PTIS no fue creado por el Gobierno de Juanma Moreno, sino que procede de anteriores ejecutivos socialistas.

La respuesta llega después de que CCOO pusiera el foco en la situación de alrededor de 2.000 trabajadores del PTIS externalizado, profesionales encargados de acompañar y atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El sindicato denuncia jornadas parciales, recortes y periodos de desempleo durante el verano y reclama contratos estables durante todo el año, jornadas adaptadas a las necesidades reales de los centros y la incorporación de estos profesionales desde el 1 de septiembre.

Desde la Consejería rechazan que la situación actual pueda analizarse sin atender al origen del modelo. "La externalización del servicio de PTIS es un modelo heredado que el PSOE creó en 2006 y mantuvo y engordó durante los 12 años siguientes en el Gobierno andaluz, también en los años de coalición con Izquierda Unida", sostiene Educación en respuesta a este medio.

La Junta asegura que el Ejecutivo de Juanma Moreno recibió este sistema "en situación límite y precaria" y reivindica las actuaciones desarrolladas desde el cambio de Gobierno en Andalucía. Según la Consejería, ha sido el actual Ejecutivo autonómico el que "le ha dado cobertura legal y estabilidad económica al Personal Técnico de Integración Social".

De 11,5 a 39,9 millones de euros

Educación pone sobre la mesa una serie de cifras para defender la evolución del servicio desde 2018. Según los datos facilitados por la propia Consejería, la inversión en PTIS ha pasado de 11,5 millones de euros en 2018 a 39,9 millones en 2026. También señala un incremento del número total de profesionales. En 2018, sostiene la Junta, había 2.351 PTIS, mientras que para el curso 2026/2027 la cifra se sitúa en 3.900. Esto supondría 1.549 trabajadores más y un crecimiento del 65,8% en ocho años.

La Consejería destaca igualmente los cambios introducidos en la regulación de esta figura profesional. Mientras que en 2018 los PTIS "no estaban recogidos en la normativa", asegura Educación, actualmente cuentan con reconocimiento mediante decreto. Uno de los argumentos utilizados por la Junta para responder a las críticas sobre la externalización es precisamente el crecimiento del personal dependiente directamente de la Administración autonómica. Según sus cifras, en 2018 existían 729 PTIS de Función Pública y durante este curso serán 1.603, lo que representa aproximadamente el 41% del total, frente al 31% que suponían hace ocho años.

Para el curso 2026/2027, la Administración asegura que se incorporan otras 150 plazas de PTIS de Función Pública, con una inversión superior a los 5,5 millones de euros. En los últimos cinco cursos, añade, se han incorporado al sistema educativo andaluz 613 profesionales, por lo que la plantilla consolidada de PTIS de Función Pública habría aumentado cerca de un 40%.

La Junta señala a las empresas y a la Inspección de Trabajo

La respuesta de Educación aborda también uno de los puntos centrales de las reivindicaciones sindicales: las condiciones laborales de los PTIS que trabajan para empresas adjudicatarias del servicio. La Consejería sostiene que actualmente exige a estas compañías, mediante los correspondientes pliegos de contratación, el cumplimiento de los convenios colectivos. Al mismo tiempo, marca distancias respecto a la responsabilidad directa sobre las posibles vulneraciones laborales.

"Quien tiene la competencia para velar por el cumplimiento de los convenios laborales es la Inspección de Trabajo del Gobierno de España y quienes negocian el convenio son los sindicatos y las empresas", señala la Administración autonómica. La administración autonómica también destaca la evolución del precio establecido para la prestación del servicio. Según los datos aportados por Educación, en 2018 el precio contemplado en los pliegos era de 18,7 euros por hora, mientras que actualmente alcanza los 28,6 euros, lo que representa un incremento del 53,4%.

Además, la cartera que dirige María del Carmen Castillo subraya otro cambio en las condiciones de contratación: en 2018, asegura, el incumplimiento del convenio colectivo no figuraba entre las posibles causas de resolución del contrato con las empresas adjudicatarias, mientras que actualmente sí está contemplado.

Los PTIS, asignados a sus centros

Educación asegura igualmente que "todas las PTIS, tanto de Función Pública como de servicios contratados, tienen su centro asignado", una afirmación que llega después de que CCOO cuestionara que los profesionales externalizados no se incorporen a los colegios e institutos el 1 de septiembre junto al resto del personal. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, calificó esta situación de "discriminación injustificable" y advirtió de sus consecuencias tanto para los trabajadores como para los menores que necesitan su asistencia.

Según el sindicato, la ausencia de estos profesionales durante los primeros días del curso puede generar problemas de coordinación y retrasar la preparación de la atención que requiere el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. CCOO reclama por ello que los PTIS estén presentes en los centros desde el primer día de septiembre y ha planteado incluso la posibilidad de movilizaciones si no se producen avances.

La Consejería contrapone a estas críticas el incremento de inversión, plantilla y precio del servicio registrado desde 2018, así como el aumento progresivo del peso de los PTIS pertenecientes a Función Pública. La discrepancia entre sindicatos y Administración mantiene así abierto uno de los debates que acompañan al comienzo del curso escolar 2026/2027 en Andalucía. Mientras CCOO centra sus reivindicaciones en la estabilidad laboral, las jornadas y el calendario de incorporación de los trabajadores externalizados, la Junta reivindica el crecimiento de recursos destinado al servicio durante los últimos ocho años y recuerda que el modelo de externalización de las PTIS comenzó a aplicarse en Andalucía en 2006.

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