La Justicia da la razón a un director de IES 'fulminado' por un informe falso, pero sigue sin recuperar el puesto

José Alberto Gutiérrez Fernández fue apartado del cargo que ostentaba en el IES Las Salinas de San Fernando en junio de 2017, cuando una inspectora de Educación, "sin objetividad ni motivación argumentada", lo evaluó negativamente

Una clase en el IES Las Salinas, de donde fue apartado el director hace seis años.
Una clase en el IES Las Salinas, de donde fue apartado el director hace seis años.

El antiguo director del IES Las Salinas de San Fernando, José Alberto Gutiérrez Fernández, fue apartado del cargo en junio de 2017, cuando una inspectora de Educación, "sin objetividad ni motivación argumentada", lo evaluó negativamente.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz y otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía constatan que el informe emitido por la inspectora era "tendencioso, parcial y sin motivación para el suspenso", como critica el sindicato Ustea, que no entiende que no haya recuperado el puesto.

Ustea, así, denuncia que la delegación de Educación muestra nula voluntad por reparar el daño causado al ex director del IES Las Salinas. La Administración, una vez ha recibido respuesta, debería haber actuado desde que la sentencia es firme hasta el día de hoy, considera el sindicato, que señala que debió haber tenido tiempo para ponerse en contacto con el afectado y pedirle disculpas en primer lugar, ya que es funcionario público y en segundo lugar, hacer un informe objetivo sobre su desempeño en la función directiva, a efectos que su honorabilidad y profesionalidad quede fuera de estar en entredicho. 

El sindicato considera que la delegada territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, Isabel Paredes Serrano, debe solicitar las responsabilidades disciplinarias a la inspectora de Educación que realizó ese informe negativo, que ha sido totalmente desestimado por los jueces, truncando la trayectoria profesional de este funcionario. Y también garantizar que se depuren las responsabilidades patrimoniales por los efectos perniciosos, no sólo económicos, sino morales, personales y de proyección profesional que este funcionario ha tenido todo este tiempo.

Dos meses después de que la sentencia haya sido declarada firme, el trabajador sigue sin recuperar el puesto. Ustea espera que la delegación de Desarrollo Educativo de Cádiz asuma sus obligaciones pronto, "de lo contrario nos veríamos obligados a realizar comunicados visibilizando la injusticia que ha supuesto este proceso mediante la publicación de las partes de la sentencia del TSJA que son contundentes y determinantes, basadas en valoraciones de los propios jueces como la animadversión que la inspectora tenía hacia el funcionario o la intención previa de que el resultado fuese desfavorable".

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Comentarios (1)

José M Hace 4 meses
Se pone el nombre del afectado, de la delegada de educación y aunque es conocida en el entorno educativo, ¿por qué no se nombra a la inspectora? Por otro lado, si esperan que la delegada, Isabel Paredes (la de los recortes) haga algo...tomen asiento.
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