Si hace unas semanas la Junta de Andalucía llevó al Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad que temporalmente hará que las grandes fortunas paguen más impuestos, ahora el Gobierno de Juanma Moreno anuncia un recurso de inconstitucionalidad por una de las enmiendas de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados.
Según ha informado la Junta esta semana, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación mantiene "serias dudas" acerca de la constitucionalidad respecto de algunas cuestiones contempladas en la LOSU, por lo que encargará un análisis de la misma a los servicios jurídicos de la Junta, barajando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esta Ley, por vulnerar derechos fundamentales y sus competencias.
La Ley introdujo, a través de una enmienda de ERC, la posibilidad de que las universidades se pronuncien sobre cuestiones políticas, algo que una reciente sentencia del Tribunal Supremo estimó ilegal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo señalaba la imposibilidad de que la Universidad se pronuncie y "se refiera a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político ajenas al objeto y funciones de la Institución académica, y que dividen a la ciudadanía".
Por otro lado, considera la Junta, que recientemente ha aprobado la constitución de dos nuevas universidades privadas en la comunidad, "la LOSU establece un aumento de la financiación universitaria sin prever más medios económicos para las comunidades autónomas".
En paralelo, la Consejería andaluza del ramo ha anunciado también esta semana que iniciará "de forma inmediata" los trámites administrativos necesarios para aprobar una nueva Ley Andaluza de Universidades (LAU) "con el fin de paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la LOSU aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados". De esta forma, Andalucía será la primera Comunidad Autónoma de España en iniciar los trámites para la aprobación de una ley autonómica que se adapte a la LOSU.
El objetivo de la futura Ley Andaluza de Universidades
El objetivo de la Administración autonómica es que la futura Ley Andaluza de Universidades, que necesariamente debe adaptarse a la próxima Ley Orgánica estatal, ofrezca soluciones, en el ámbito de sus competencias, "a las necesidades normativas y estratégicas que demandan las universidades andaluzas y a las que la LOSU ha obviado, según el texto de Ley aprobado en el Congreso por el Gobierno central".
De este modo, la Junta deberá crear nuevas figuras docentes e investigadoras que eviten la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a provocar la LOSU. La futura Ley Andaluza de Universidades contemplará reformas para la estabilización del personal, su promoción, la apuesta por la internacionalización, la rendición de cuentas y la mejora de los Consejos Sociales, entre otras cuestiones.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha vuelto a exigir en este contexto al Ministerio de Universidades que dote a las Comunidades Autonómicas de los medios económicos necesarios "para hacer frente al aumento de financiación que esta ley estatal conlleva, como es el caso de la necesidad de contratar más profesorado al descender el número de horas de clase en algunos tipos de contratos como el de ayudantes doctores".
Hace unas semanas, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, remitió una carta al ministro de universidades reclamándole medios económicos para hacer frente al aumento del gasto, "que ha sido cifrado en unos 20 millones de euros anuales".
Del mismo modo, pide acordar y negociar el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario con las Universidades, algo que no se ha hecho hasta ahora.
Además, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en contraposición con lo que ha hecho el Gobierno central, comenzará el proceso para la tramitación y elaboración de la futura Ley Andaluza de Universidades a través del diálogo permanente con la comunidad universitaria, los rectores, los agentes sociales y todos los implicados en esta ley, con la intención de que poder tener un texto negociado a lo largo del verano.
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