Hace apenas dos meses, la Junta de Andalucía anunciaba un acuerdo con las universidades públicas tras más de un año de negociación para establecer un nuevo modelo de financiación. José Carlos Gómez Villamandos presentó un sistema en el que, a simple vista, se cumplían las exigencias de las diferentes universidades públicas andaluzas. Ninguna de ellas perdería dinero.
Sin embargo, han llegado los presupuestos y con ellos, las desilusiones entre los rectores andaluces. Es un tema que apenas hace ruido, pero la relación entre las universidades públicas y la Junta de Andalucía no está siendo sencilla ni ahora, ni en la legislatura pasada. Y mucho que ver, además de la financiación, tienen los guiños que el Gobierno de Juanma Moreno está hacia las universidades privadas.
El presupuesto para las universidades públicas será de 1.644 millones de euros, una cantidad que los rectores señalan como insuficiente. El que más ha alzado la voz ha sido Nicolás Ruis, rector de la Universidad de Jaén, organismo que ha protagonizado los principales desencuentros al considerarse la más perjudicada. "Los recursos y la financiación con la que se alimenta el nuevo modelo de financiación es claramente insuficiente, lo cual provocaría en su segundo año de aplicación el incumplimiento de las bases", manifestó Ortiz.
Esta afirmación ha sido respaldada por el rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la AUPA (Asociación de Universidades Públicas de Andalucía), Francisco Oliva, quien ha reconocido que existe preocupación entre los rectores porque "la envolvente financiera es insuficiente". Y es que, aunque las cuentas consolidan la financiación de 2023, lo cierto es que las universidades públicas temen no poder hacer frente al coste de la plantilla y al pago de los suministros por la inflación.
El grupo Por Andalucía también se ha manifestado al respecto señalando que "las universidades públicas están sufriendo un maltrato institucional por parte de la Junta de Andalucía", algo que "se ve" no sólo en sus Presupuestos, sino "en todas y cada una de las decisiones que desde la Consejería de Universidades se están tomando". La coalición progresista, además, ha denunciado que los incrementos en el presupuesto no son tales, sino que responden a un movimiento de partidas y a la reducción de financiación para la investigación.
El conflicto de la Loyola
Al problema económico, hay que sumarle un nuevo frente. El Gobierno andaluz autorizó esta semana que la universidad privada Ignacio de Loyola comenzara a impartir clases en el grado de Medicina desde este mismo lunes. Los rectores de la pública se han vuelto a pronunciar en contra de una medida excepcional.
"Esta decisión continúa el escrito daña notablemente la imagen de la enseñanza universitaria y perjudica el normal desarrollo de la docencia y la calidad del servicio de educación superior prestado al alumnado", señala un comunicado en el que señala un trato de "privilegio" que el resto de universidades no ha recibido.
Lo más sorprendente es que el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado 24 horas despuñes de ve "prematuro" el inicio de las clases. Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla ha apuntado que este inicio de clases es ilegal porque no se cumplen los requisitos ya que no tiene el aval del Consejo de Ministros, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
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