El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ley educativa que incluirá la obligatoriedad de reducir las horas lectivas del profesorado. La medida contempla que los docentes de Primaria impartan un máximo de 23 horas semanales en el aula, mientras que en Secundaria y Bachillerato el límite será de 18 horas. El Ejecutivo plantea que este cambio sustituya la actual recomendación recogida en la normativa vigente por una exigencia legal.
El anuncio se ha producido durante la visita del jefe del Ejecutivo a la escuela infantil Casa de los Niños, en Getafe, acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el ministro de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López, y la alcaldesa del municipio madrileño, Sara Hernández. En este acto, Sánchez ha destacado que la medida responde a un compromiso adquirido con el profesorado en los últimos años.
El presidente ha recordado que en 2018 se inició un diálogo con la comunidad educativa sobre las cargas de trabajo en las aulas y que este asunto fue identificado como una cuestión pendiente. La Ley Orgánica de Educación, reformada mediante la Lomloe, ya incorporaba una referencia a la necesidad de ajustar el número de horas, pero lo hacía en forma de recomendación. El Ejecutivo quiere ahora convertirlo en una obligación legal.
En busca de reducir la ratio
El plan del Gobierno se centra exclusivamente en las horas de docencia directa en las aulas, dejando fuera otros aspectos de la jornada laboral de los docentes. Con esta medida se busca aliviar la carga del profesorado y dar respuesta a una de las reivindicaciones más extendidas entre los colectivos educativos, según expuso el presidente durante su intervención.
Además de la reducción de horas lectivas, el Ejecutivo pretende avanzar en la disminución de la ratio de alumnos por docente y abordar la carga burocrática que soporta el profesorado. Sánchez señaló que este último aspecto constituye uno de los principales problemas de la profesión y que el objetivo del Gobierno es mejorar las condiciones de los maestros para reforzar la calidad del sistema educativo.