La "falta de respeto" al alumnado con necesidades especiales en más de 150 colegios en Andalucía

La federación de enseñanza de CCOO Andalucía denuncia que el curso ha comenzado con la ausencia de PTIS y critica al gobierno andaluz por no sacar plazas vacantes

Protesta del colectivo PTIS, en una imagen de archivo.
Protesta del colectivo PTIS, en una imagen de archivo.

La federación de enseñanza de CCOO Andalucía ha denunciado la falta de personal técnico en integración social (PTIS) en muchos de los centros docentes públicos de Andalucía. Para el sindicato, “esto demuestra una clara falta de respeto hacia el alumnado con necesidades educativas especiales”.

Según señala, el curso 2023-24 ha comenzado con ausencia de estos técnicos de integración social en más de 150 centros docentes pertenecientes a la Junta de Andalucía, un 39% de los existentes en la provincia de Sevilla. "Esta situación provoca unas consecuencias graves para el alumnado, como que no puedan asistir a clase, que los padres o madres tengas que acudir al centro cuando se les requiere, o que este personal se tenga que dedicar en exclusiva a tareas asistenciales, dejando de lado su cometido educativo", manifiesta la federación de Enseñanza de CCOO.

El sindicato ha advertido que “esta falta de voluntad por parte del Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo, para sacar a contratación las plazas vacantes se refuerza por los complicados trámites burocráticos que hacen falta para ser cubiertas”. Además, comenta que "actualmente, están vacantes en Andalucía cerca del 20% de las plazas destinadas a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, demostrado una falta de voluntad por lo púbico”.

La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, está convencida de que esta situación es una clara apuesta por la privatización. "El Gobierno andaluz aplica al dedillo su recetario; es decir, sobrecarga a sus profesionales, descarga en ellos su propia responsabilidad como administración, rebajando su dignidad profesional, deteriora el servicio público y, finalmente, fuerza su privatización con beneficios para las empresas y empeora las condiciones laborales en las nuevas fórmulas de prestación a las que acude", ha indicado.

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Patricia Merello Guzmán

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