El sindicato Ustea ha anunciado públicamente su decisión de no firmar el Acuerdo sobre mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía. Su negativa se basa en la falta de compromisos reales con la escuela pública andaluza y en la ausencia de garantías de financiación estructural. Según Ustea, el texto "no da respuesta a las necesidades reales de la escuela pública andaluza ni a las reivindicaciones históricas del profesorado”.
Un compromiso insuficiente para la educación pública
Desde el referido sindicato sostienen que el acuerdo no asegura una bajada efectiva de ratios, ni una reducción real del horario lectivo, ni contempla un aumento estructural de las plantillas. Además, denuncian que las medidas sobre atención a la diversidad resultan superficiales y que se han excluido etapas clave como la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las de régimen especial. “Muchas de las mejoras dependen de financiación externa, procedente de fondos europeos y no de fondos estructurales”, advierten.
El pacto firmado está vinculado al nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS), lo que, según Ustea, supone “la eliminación de figuras clave como la compensación educativa o el difícil desempeño” y deja en el aire recursos ya consolidados, al depender de fondos no permanentes. El sindicato insiste en que defender una educación pública de calidad requiere “recursos estables, inversión propia, plantillas suficientes y condiciones laborales dignas”.
Críticas al proceso negociador
Ustea también ha cargado contra la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por la gestión de las negociaciones. Acusan al Gobierno andaluz de haber mantenido reuniones bilaterales fuera de las mesas oficiales y de haberlos excluido del proceso, por su postura más exigente. “Las demás organizaciones sindicales ya habían anunciado a los cuatro vientos esta firma ayer, 25 de junio, sin que ni siquiera hubiese tenido lugar”, han denunciado, en referencia a la falta de transparencia.
Para el sindicato, las escasas mejoras incluidas en el acuerdo son fruto “de la presión colectiva, la movilización y la lucha sostenida de la comunidad educativa”, no de una negociación leal. En este sentido, aseguran que firmar el acuerdo sería “conformarse e hipotecarse con el gobierno del PP durante cuatro años con lo mínimo, y renunciar a una mejora profunda y necesaria”. Por ello, llaman a toda la comunidad educativa a continuar movilizada.
Ratios: promesas vagas, sin cambios reales
Una de las principales demandas históricas del sindicato es la bajada de ratios. Ustea recuerda que en 2021 impulsaron junto a otras organizaciones la ILP de Bajada de Ratio, respaldada por más de 50.000 firmas y rechazada por la mayoría absoluta del PP. Las ratios que se defendían eran de 20 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato y FP. El acuerdo actual plantea reducir solo en Infantil a 22 alumnos, y de forma progresiva, empezando en 2026/2027. “No cambiamos ni una coma de lo que hemos reivindicado en los últimos años”, afirman.
Denuncia además una pérdida de cerca de 2.700 aulas de Infantil y Primaria desde que el PP llegó al poder, lo que ha supuesto una drástica reducción de personal. El acuerdo propone aplicar el denominado “Cupo 14”, pero el sindicato asegura que ya se aplica en la práctica, por lo que no supone ninguna mejora. En Educación Especial, se habla de “optimizar recursos” pero no se garantiza un refuerzo real: “Mientras estos recursos no se garanticen, lo que promete la Consejería es papel mojado”.
Reducción de horario: una propuesta ambigua
Sobre el horario lectivo, el sindicato educativo insiste en que el actual favorece dinámicas abusivas, especialmente en Primaria y Secundaria. Aunque se plantea una reducción de 25 a 23,5 horas en Infantil y Primaria, el sindicato cuestiona su aplicación: “Nos preguntamos de dónde sale esa media hora”, y critica que se pretenda restar tiempo de la vigilancia en recreos. En Secundaria, la promesa de no superar las 18 horas lectivas “reproduce lo ya contemplado en la normativa”, sin avances reales.
Una de las mayores omisiones del acuerdo, como refiere Ustea, es la Formación Profesional, una etapa cada vez más demandada y en expansión. El sindicato exige una ampliación de la oferta pública y una bajada de ratios conforme al Real Decreto estatal, que prevé 25 estudiantes por aula, y 20 en Grado Básico. Sin embargo, el pacto andaluz no menciona ni contratación de personal, ni nuevas plazas, ni medidas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.
Financiación precaria y dependiente
El sindicato también alerta sobre la fragilidad presupuestaria del acuerdo, ya que muchas de las medidas propuestas dependen de la “disponibilidad presupuestaria” o de recursos externos como los fondos europeos. Denuncian que no existe un compromiso claro de inversión pública permanente, y que la Comisión de Seguimiento prevista en el acuerdo carece de poder real si no se le dota de medios económicos garantizados.
De cara al curso 2025/2026, Ustea ha señalado que no se observan cambios sustanciales en las diferentes etapas. En Infantil, los refuerzos ya se aplican actualmente. En Primaria, el teletrabajo en horas no lectivas ya está regulado. En Educación Especial y Secundaria no hay avances concretos, y en Bachillerato y FP, directamente, no se prevén medidas. “El plan de choque es claramente insuficiente”, insisten, y no mejora la situación del profesorado interino.
Ustea lamenta lo que consideran una oportunidad perdida para transformar el sistema educativo andaluz. Señalan que sus propuestas han sido ignoradas, que la negociación ha sido desequilibrada y que el acuerdo representa “un cierre apresurado, sin voluntad real de diálogo”. El sindicato ha reiterado su compromiso con las luchas compartidas, como la ILP o la huelga de mayo de 2024, y concluye: “Nos negamos a ser cómplices de un acuerdo triunfalista y nos ponemos al servicio de la lucha del profesorado”.
