La Plataforma por unos Comedores Dignos, impulsada por la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Flampa) de Jerez y Facua Cádiz, ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz al considerar abusivas algunas de las cláusulas incluidas en el contrato que los padres, madres y tutores tienen que suscribir para hacer uso de los comedores escolares.
Concretamente, ambas organizaciones manifiestan su disconformidad con la obligación que impone la empresa concesionaria (Aramark Servicios de Catering S.L.) de tener que comunicar las ausencias con tres días de antelación para no tener que abonar el importe correspondiente, amparados en el cumplimiento de las condiciones del PPT (Pliego de Prescripciones Técnicas) aprobado por la administración competente, así como el hecho de que el PPT establezca la necesidad de realizar el pago del servicio anticipadamente, dejando a la buena fe de las empresas concesionarias la posibilidad del cobro a mes vencido, es decir, una vez prestado el servicio.
Asimismo, Flampa y Facua Cádiz también se quejan de que la consecuencia lógica del cobro por adelantado, tal como ha ocurrido en años anteriores, sería que la empresa devolvería con un mes de retraso el importe correspondiente a los días en los que los alumnos no utilizan el servicio mediante compensación en el importe a pagar por la siguiente mensualidad, siempre previa solicitud expresa de las familias, así como que el contrato no establezca con suficiente claridad la obligatoriedad, por parte de la empresa, de devolver dicho importe si las ausencias se producen en el último mes de curso o si el alumno deja definitivamente de utilizar dicho servicio. También han denunciado que la empresa concesionaria se niegue a facilitar justificante de los pagos que se le realizan.
Las asociaciones denuncian que, durante el pasado curso escolar, estas cuestiones fueron trasladas a la Delegación de Cádiz de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a la que se solicitó que adoptara las medidas oportunas para corregir estas deficiencias. Con la misma finalidad, Facua Cádiz remitió un escrito a dicha Delegación el pasado mes de agosto en orden a su subsanación, sin que su petición haya sido siquiera contestada, lo que ha originado la presentación de la queja ante el Defensor del Pueblo.
En relación con el servicio de comedor escolar, estas entidades se quejan del retraso con el que la Delegación publica las bonificaciones en el cobro de este servicio concedidas a alumnos y alumnas, lo que provoca que la empresa no pueda proceder al cobro de los recibos, algo que, a juicio de estas entidades, no sólo supone una molestia, sino que para las familias con escasez de recursos económicos la acumulación de recibos pendientes aumenta las dificultades para hacer frente al pago.
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