María empezó este curso un ciclo medio de FP tras superar la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Durante ese periodo escolar, estuvo recibiendo una beca al estudio que este curso, inexplicablemente, ha perdido. ¿La razón? La imposibilidad de contar con un informe de un orientador en el centro privado en el que estudia, al que llegó por la falta de oferta pública.
Desde que empezó el curso, el pasado mes de septiembre, la familia de María Chacón, una jerezana de 18 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) diagnosticado desde hace años, lleva luchando para conseguir una beca al estudio, cifrada en 900 euros, que le han denegado porque en el centro en el que estudia no hay posibilidad de tener orientadores.
A lo largo del curso, el padre de María, Manuel Chacón, se ha desplazado en varias ocasiones hasta Cádiz, a la delegación territorial de Educación, para intentar solventar un problema del que no tiene responsabilidad ni el centro educativo ni la alumna afectada. “Me han estado mareando, me han dado un montón de teléfonos y me derivan a otros o directamente me bloquean”, se queja Manuel. Estas becas las concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las gestionan las comunidades autónomas.
“Durante la ESO estuvo recibiendo esta ayuda al estudio sin problemas, pero al pasar a los ciclos no se la dan porque alegan que una parte de la beca no está rellenada por un orientador”, cuenta el padre a lavozdelsur.es. La cuestión es que el centro en el que está matriculada no tiene un orientador educativo que pueda certificar el TDAH de María.
Dentro de las llamadas ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, hay una sección que engloba las “ayudas directas para los alumnos, incluyendo al alumnado con TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad), que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad, de trastornos graves de conducta o de trastornos graves de la comunicación y del lenguaje”.
En esa categoría se engloba María, que sin embargo se ha quedado sin esa ayuda durante el curso, lo que ha supuesto un sobreesfuerzo para la economía familiar. “La Junta de Andalucía no le exige orientador a los centros, con lo que el centro no tiene culpa de nada”, agrega Manuel, quien asegura que ha pedido uno, “pero no paran de darme largas”.
Un dictamen técnico facultativo del equipo de valoración y orientación del Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Cádiz, fechado en septiembre de 2019, cuando María aún estaba cursando la ESO, recoge que la alumna presenta un 15% de grado de discapacidad, por su “alteración de la conducta, trastorno por déficit de atención e hiperactividad” y por su “discapacidad expresiva, labio neporino y fisura palatina congénita”.
La Junta de Andalucía exige para la concesión de becas al estudio como la que reclama María Chacón, que exista un “certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente, en el caso de alumnos con trastorno grave de conducta o trastorno grave la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales”. Pero en su centro no existe esta figura.
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