Facua Andalucía considera que el cheque escolar de 100 euros, aprobado por el Gobierno de la Junta, es una medida efectista que no palía la falta de inversión en las estructuras sociales.
El Gobierno autonómico andaluz ha anunciado el 20 de septiembre el programa que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pondrá en este inicio de curso 2022/23 a disposición de las familias con menos recursos por cada menor escolarizado en la enseñanza obligatoria, y que supondrá una inversión global de 20 millones de euros.
La federación lamenta que este tipo de políticas no se configuren realmente desde un bloque de protección a los colectivos más vulnerables, ya que, en este sentido, "el cheque escolar parece ser una herramienta más de carácter propagandístico que de efectividad real".
Al respecto, Facua Andalucía advierte que lo necesario sería apostar por dotar humana y materialmente las políticas de servicios sociales de la región de forma que no se acumulen años para poder cobrar ayudas necesarias.
No podemos obviar en este sentido que los retrasos en ayudas sociales son inaceptables, tanto que provocaron la propia crítica del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu: "Es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora".
En relación con la propia renta de inserción es oportuno indicar que una gestión adecuada de la misma podría encauzar de forma efectiva, entre otras cuestiones, las ayudas para la compra de material escolar que viene a dar cobertura con el anunciado cheque.
Desde los inicios de la crisis económica, de acuerdo al propio Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía 2022-2026, la situación de Andalucía refleja un notable incremento de la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, pasando de 2,6 millones de personas en 2008 a 3,1 millones en 2019, siendo una de las regiones más castigadas del territorio español.
Con ello, a finales de 2020, 671,4 de cada 100.000 menores de edad de la región estaban bajo alguna medida de protección.
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