El sindicato Ustea ha advertido de una reducción sistemática de la oferta educativa pública en Andalucía coincidiendo con el inicio del proceso de escolarización, una práctica que, según sostiene, estaría favoreciendo indirectamente a la enseñanza privada concertada. La organización señala que la publicación de “cero plazas” en cursos intermedios está provocando el cierre progresivo de unidades, limitando la capacidad de elección de las familias y fomentando la proliferación de aulas mixtas.
Según el sindicato, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene una dinámica recurrente por la que no se ofertan vacantes en determinados niveles educativos, a pesar de que existen plazas disponibles en los centros. Esta situación, denuncian, se está produciendo en varios colegios públicos de Cádiz capital —como Gadir, Santa Teresa, Josefina Pascual, Campo del Sur o Fermín Salvochea—, donde se impide de facto la matriculación en cursos que van desde Infantil de 4 años hasta 6º de Primaria.
Ustea sostiene que esta práctica responde a una estrategia administrativa que consiste en cerrar unidades antes del 1 de marzo, limitando el número de plazas disponibles por debajo del máximo legal de 25 alumnos por aula. Como consecuencia, se dificulta la entrada de nuevo alumnado y se acelera la reorganización interna de los centros.
Aulas mixtas, desigualdad y datos que anticipan cierres en la pública
El sindicato alerta de que este modelo de planificación tiene efectos estructurales. La ausencia de vacantes en determinados niveles obliga a agrupar alumnado de diferentes cursos en una misma clase, generando aulas mixtas con ratios reducidas —en torno a 15 alumnos entre varios niveles— que, lejos de responder a criterios pedagógicos, derivan de la imposibilidad de admitir nuevos estudiantes.
Ustea advierte de que este proceso es difícilmente reversible: una vez instauradas las aulas mixtas, los centros pierden progresivamente alumnado hasta llegar, en algunos casos, al cierre definitivo. Paralelamente, denuncia que no se autorizan nuevas unidades en centros públicos incluso cuando alcanzan la ratio máxima, lo que impide su crecimiento.
Frente a esta situación, el sindicato subraya un “agravio comparativo” con la enseñanza privada concertada. Mientras en la pública se restringen plazas y unidades, en la concertada —según detalla— se autorizan ampliaciones de líneas y la creación de nuevas unidades incluso sin demanda suficiente. Este desequilibrio, afirman, provoca un trasvase de alumnado hacia estos centros, que sí disponen de plazas disponibles.
En este sentido, Ustea Cádiz denuncia que “existe una clara reorganización administrativa forzada mediante la creación sistemática de aulas mixtas y bloqueo preventivo y a priori de la oferta de plazas. Además de una negación absoluta a crear unidades nuevas en la pública cuando la ratio está al máximo”. A su juicio, esta política responde a criterios de optimización presupuestaria que “compromete la estabilidad del cupo docente y satura las ratios priorizando criterios de ahorro económico sobre la calidad pedagógica”.
El sindicato también pone el foco en la limitación de la libertad de elección de las familias, que no pueden optar por determinados centros públicos al no ofertarse plazas, incluso cuando existen vacantes reales en funcionamiento.
Datos de escolarización: más plazas que alumnado y desequilibrio entre redes
Los datos oficiales de la Delegación Territorial de Cádiz, analizados por Ustea, reflejan un notable desajuste entre oferta y demanda para el curso 2026-2027. En total, se ofertan 858 plazas frente a una previsión de 521 alumnos, lo que supone un excedente de 337 puestos escolares.
De esas plazas, 484 corresponden a la enseñanza concertada (56%) y 374 a la pública (44%), una distribución que, según el sindicato, evidencia un peso creciente de la red concertada. En Infantil de 3 años en zonas como Extramuros, el desequilibrio es aún mayor: el 67% de las plazas se concentran en la concertada frente al 33% en la pública.
En paralelo, USTEA denuncia una oferta limitada y poco equilibrada de plazas para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), con porcentajes reducidos en ambas redes, aunque ligeramente superiores en la pública.
El sindicato interpreta que este exceso de plazas responde a una estrategia para mantener abiertas unidades en centros concertados sin demanda suficiente, mientras se restringe la entrada en la pública. De hecho, calcula que, de las 39 unidades ofertadas, solo serían necesarias entre 24 y 30, dependiendo de la distribución del alumnado.
Incidencias detectadas: “cero unidades” y bloqueo de matrículas en múltiples cursos
El informe detalla numerosas incidencias en distintos niveles educativos que, según Ustea, reflejan el patrón denunciado:
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En Infantil de 4 y 5 años, varios centros públicos aparecen con “cero unidades” o “cero vacantes” pese a disponer de plazas libres, lo que impide la matriculación y favorece la consolidación de aulas mixtas.
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En Primaria, se repite la situación en cursos como 1º, 2º o 3º, donde colegios con ratios completas no reciben autorización para abrir nuevas líneas, a diferencia de lo que ocurre en la concertada.
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En numerosos casos, los centros públicos presentan sobreratio en aulas mixtas mientras siguen sin ofertarse plazas.
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De forma paralela, centros concertados amplían unidades incluso sin haber completado las existentes, ofertando aulas completas adicionales sin demanda previa.
Entre los ejemplos señalados, destacan casos en los que colegios públicos con capacidad disponible no pueden matricular alumnado, mientras centros concertados cercanos incrementan su número de líneas de forma recurrente cada curso.
Previsión de cierre de unidades públicas
A partir de estos datos, USTEA estima que esta planificación provocará el cierre de al menos seis unidades en la escuela pública, frente a ninguna en la concertada. El resultado sería una red educativa en Cádiz capital con 22 unidades en la concertada frente a 11 en la pública, duplicando prácticamente la oferta privada subvencionada.
Ante este escenario, el sindicato exige a la Junta de Andalucía una rectificación inmediata y reclama una planificación que garantice una oferta suficiente de plazas públicas, en línea con la legislación vigente. En particular, recuerda que la normativa establece la obligación de reforzar progresivamente la red pública, tal y como recoge la Lomloe.