La parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha denunciado este miércoles que su formación está recibiendo “muchas quejas de familias” por parte de padres a quienes empresas encargadas de gestionar comedores escolares les están reclamando el pago del servicio por jornadas en las que no hubo clase debido a las borrascas que afectaron a Andalucía entre enero y febrero. Durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía explicó que en esos días de temporal tampoco se prestó el servicio de comedor en los centros educativos. Aun así, según ha advertido, las empresas concesionarias están solicitando ahora a los padres que abonen el coste de un servicio que no se llegó a prestar.
Iza ha criticado que, mientras duró el temporal, “los padres y las madres tuvieron que apañárselas” para organizar el cuidado de sus hijos porque no había colegio, aunque muchos de ellos sí debían acudir a trabajar. Ahora, ha añadido, esas mismas familias están recibiendo reclamaciones para que “paguen por un servicio que no han utilizado”.
La diputada ha asegurado que desde Adelante conocen “de cerca” a las empresas responsables de estos comedores y ha lanzado duras críticas contra su actuación. “Nunca pierden, pase lo que pase”, ha afirmado, antes de añadir que “hay que tener muy poca vergüenza” para reclamar el pago del comedor en días en los que no hubo actividad escolar. Durante su intervención, Iza también ha cuestionado el funcionamiento de algunas de estas empresas, a las que acusa de servir comida congelada dos días a la semana en lugar de utilizar sistemas de cocina ‘in situ’ en los colegios, lo que, según ha señalado, impide ofrecer comida fresca al alumnado.
La parlamentaria ha defendido que esta situación no se produciría si la Junta de Andalucía hubiera aprobado la proposición de ley que su grupo presentó para que los comedores escolares fueran públicos y se garantizara una alimentación de calidad para los estudiantes. Por último, Iza ha anunciado que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía registrará preguntas por escrito dirigidas a la Consejería de Desarrollo Educativo para saber si el Gobierno andaluz está al tanto de estos cobros y si piensa actuar. El objetivo, según ha señalado, es que la Junta “pegue un toque a estas empresas para que dejen de estafar a las familias”.