La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha informado este miércoles en Comisión del Parlamento andaluz sobre la memoria de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Rmisa) 2022. Una ayuda destinada a las personas que se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo. Según este informe, en el año 2022 se han otorgado en Andalucía más de 17.000 prestaciones, con una ejecución del 98,4% de los 78,5 millones de euros presupuestados, lo que se traduce en un montante total de 77,2 millones.
Este porcentaje de ejecución es el más elevado desde la entrada en vigor de la Rmisa, y pone de manifiesto "el rigor presupuestario", ya que, "la cuestión no es qué cantidad figura en el papel, sino de cuánto se aplica y ejecuta para llegar a las personas que más lo necesitan".
López ha celebrado que desde el año 2018, en el que se otorgaron 9.700 prestaciones, "se ha duplicado el número de solicitudes". "Hay más demanda, pero también hemos agilizado el procedimiento, y se ha hecho una magnífica gestión", ha recalcado, señalando que "en 2018 se tardaba, de media, 17 meses en resolver una solicitud, mientras que en el año actual se ha rebajado a tres meses".
La consejera ha detallado que se han concedido el 90% de los itinerarios vinculados a las prestaciones, "mientras que en 2018 el porcentaje era del 25%". Según resalta, "no hacemos ningún favor a una persona si durante toda su vida está vinculada a la prestación. Lo que queremos es su desarrollo, su proyecto de vida".
El mayor número de personas que han solicitado la Rmisa en 2022 corresponde a mujeres, en concreto el 63,7%. "Este dato se intensifica aún más en los casos de familias monoparentales", en los que las mujeres alcanzan el 95%.
Tras la modificación del decreto que regula la cuantía de la Rmisa, la prestación base subió de los 451 euros para una persona sola hasta los 533. Este cambio ha permitido "incrementar un 45% de media, proteger a las familias excluidas del Ingreso Mínimo Vital y evitar los reintegros que la Junta se veía obligada a solicitar a las personas que cobraban tanto el IMV como la Rmisa".
En total, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, la Rmisa ha movilizado más de 465 millones de euros en Andalucía, y estos recursos han beneficiado durante ese periodo a más de 100.000 familias, compuestas por más de 220.000 personas.
"Un año después sigue sin respuesta" por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su propuesta de cogestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Algo que ya se ha establecido en lugares como País Vasco y Navarra.
La consejera de Inclusión Social ha señalado que el encuentro con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado mes de septiembre, se celebró en un clima de cordialidad, pero "a día de hoy no hay respuesta alguna", por lo que, "en un tiempo récord", se puso en marcha el decreto de la Rmisa por parte de su departamento para dar cobertura a las personas en situación de vulnerabilidad que quedaban fuera del Ingreso Mínimo Vital.
Vox pide "transparecia" en la gestión de la Rmisa
La diputada del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía Mercedes Rodríguez Tamayo ha pedido a la consejera de Inclusión Social "transparencia" en la gestión de la Rmisa, ya que la falta de la misma "es inaceptable para las familias". Además, ha advertido que "siguen existiendo quejas en la Defensoría del Pueblo, tanto nacional como autonómica", algo que, a su juicio "es una señal de alarma para todos".
"Se ha ido restando el contenido presupuestario para la Rmisa desde que apareció el IMV, lo que se traduce en que hay muchas familias en situación de vulnerabilidad que no están percibiendo ninguna renta", aseverando que Andalucía "alberga la tasa de pobreza severa más alta de España con un 14,4%", recalcando que "no se está llegando a las familias como deberíamos". "Hay un alto grado de ejecución, pero existen problemas en la tramitación", ha precisado.
Rodríguez ha hecho hincapié en "la excepcionalidad que se establece para los inmigrantes que solicitan el reconocimiento del estatuto de apátrida o de refugiado", recalcando que "Andalucía es la única que ha aprobado la excepcionalidad y simplemente con la solicitud del estatuto se puede solicitar la Rmisa".
De otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Luis Ruiz Espejo, ha puesto de relieve la "insuficiente complementariedad" de la Rmisa con el Ingreso Mínimo Vital, apuntando que "se deja sin reforzar la atención de muchas familias y menores que necesitarían los recursos adicionales". "Muchas comunidades autónomas han adaptados sus leyes de renta mínima para compatibilizar con el IMV". Asimismo, ha recalcado la "falta de cobertura a familias en situación de pobreza", y la "falta de agilización en la aprobación del recurso", indicando que "en muchos casos llega tarde o incluso no llega".
"No podemos conformarnos con que la Renta Mínima de Inserción Social continúe con la tendencia iniciada en el segundo semestre de 2020, con un descenso en el número de solicitudes debido a la entrada en vigor del IMV, debido a que esta prestación es subsidiaria para aquellas personas que quedan fuera del Ingreso Mínimo", ha señalado.
Además, ha apuntado que la finalidad de la renta mínima "es facilitar la inclusión social", por lo que "debe orientarse a apoyar a las personas con ayudas económicas y acompañamiento profesional. No podemos limitarnos a aliviar la situación de pobreza o carencia de medios materiales".
La modificación de la Renta Mínima de Inserción Social, --que evita duplicidades y reintegros de prestaciones por el solapamiento de ambas, la estatal y autonómica--, contó con la abstención del PSOE, por lo que López le ha pedido a este grupo parlamentario que "demuestre con hechos su preocupación por la población más vulnerable y que tenga la capacidad de reconocer el trabajo bien hecho y gestionado sin tener en cuenta de qué partido provenga, sino poniendo por encima de todo el interés general".
La parlamentaria del Grupo Popular Dolores Martín, ha puesto de relieve sobre la Rmisa 2022 el "gran volumen de gestión, la mejoría en la resolución de solicitudes, los planes de inclusión sociolaboral y la ejecución histórica de un 98,4% del presupuesto".
"Estos avances y mejoras vienen a reforzar y responder al compromiso del Gobierno andaluz de ayudar y dar respuesta rápida a las familias que peor lo están pasando en un contexto con un fuerte incremento del coste de vida", ha recalcado Martín.
No obstante, la parlamentaria ha recalcado el "caos burocrático" en comunidades y ayuntamientos tras "la aprobación del Real Decreto Ley del 29 de mayo de 2020, que establecía la prestación estatal como garantía de ingresos, dejándonos a las comunidades la labor de complementar". "El Ingreso Mínimo Vital, con sus constantes modificaciones, hasta siete en poco tiempo, y su carácter provisional, ha entorpecido y ha pasado por encima de las diversas normativas de las comunidades, provocando la reducción del ámbito de protección y del gasto social", ha aseverado.
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