La Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa) aumentando un 45% de media su cuantía. Esta ayuda da cobertura cada mes a 6.500 familias de la comunidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un cambio normativo para incrementar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es del Gobierno de España, "al tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV", apunta el Ejecutivo andaluz.
La prestación base para cualquier persona que lo solicite tras su entrada en vigor sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. De esta forma, la cuantía máxima de la Rmisa pasa de los 839 a los 1.173 euros.
Esta medida pretende poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, ya que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión del IMV hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la Administración regional está obligada a reclamar a las familias.
La Junta explica que busca así dar cobertura con la Renta Mínima de Inserción Socia a las familias que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital. Entre otras, las que pasen por una situación de urgencia o emergencia social como son casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual. Otro colectivo que será atendido con la Rmisa es el de personas que están en trámite de protección internacional, es decir, las personas que, por ejemplo, están esperando el reconocimiento de asilo. De este modo, una de las principales mejoras de este decreto es la atención prioritaria que se da a los casos de urgencia y emergencia.
El Gobierno andaluz ha optado por un decreto de ley para poder responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de aquellas familias vulnerables que quedan fuera del IMV, al tiempo que mejora el anteproyecto de ley por la Infancia y la Inclusión, cuya tramitación se extendería durante más de un año. El decreto aprobado permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.
Familias numerosas
La nueva norma permitirá acortar los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia numerosa en vigor. Se trata de agilizar los tiempos de espera de las familias para que no se produzcan cortes en el disfrute de los derechos y beneficios que otorga el título de familia numerosa.
El ahorro en tiempo se consigue porque ahora la familia presentará, junto con la solicitud de renovación, una declaración responsable en la que manifiesta que se siguen cumpliendo los requisitos, de manera que no es necesario que presente documentación adicional y, tras esta solicitud, recibirá la resolución en la que se le indica la siguiente fecha de renovación.
Además, mediante ese mismo mecanismo, la Consejería de Inclusión Social, a través de las distintas delegaciones territoriales que son las competentes en la materia, va a dar por renovados todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022. Todos estos títulos serán renovados por cinco o dos años más, según la casuística.
Otro de los aspectos que se ven agilizados es el relativo a la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, que se otorgará con carácter indefinido cuando esté acreditado y reconocido el grado de discapacidad de forma permanente. No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.
Por último, este decreto dota de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social térmico, que gestiona la Junta de Andalucía. El objetivo es mejorar la tramitación, salvar el escollo legal para acceder a los datos de los usuarios y así poder determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago. En Andalucía casi 200.000 familias se benefician de este bono.
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