El cambio de dirección y cientos de millones en ayudas públicas no ha sido suficiente: Abengoa se acerca a su fin

La negativa de la SEPI para dar nuevos créditos a la multinacional sevillana aceleran la muerte anunciada de una empresa que lleva desde 2015 con pérdidas millonarias

Un momento de una marcha de los trabajadores de Abengoa en Sevilla. Imagen de archivo.
Un momento de una marcha de los trabajadores de Abengoa en Sevilla. Imagen de archivo. JOSÉ LUIS TIRADO

Abengoa se acerca inevitablemente a la liquidación. Los trabajadores de la multinacional tecnológica sevillana han conocido estos días que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha rechazado un rescate millonario "al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado". Este duro golpe para el tejido empresarial andaluz no deja de ser la muerte anunciada de una empresa que lleva desde 2015 dando tumbos y que, a pesar de diversas ayudas públicas, ha sido incapaz de salir a flote llevándose por delante a miles de familia que pueden verse en breve sin empleo.

Desde 2015 la empresa ha ido acumulando pérdidas "por la ambición de querer coger todos los proyectos que iban saliendo", muchos de ellos con déficits, aseguran desde dentro de la multinacional. "Ha sido una pelota, vuelves a pedir más avales, más líneas de créditos y se incrementa hasta que la pelota se hizo insostenible. El covid nos ha hundido completamente", afirman representantes de los trabajadores. Precisamente, ese mismo año, Luis de Guindos, ministro de Economía por entonces en el Gobierno del Partido Popular que lideraba Mariano Rajoy hacía público que había 415 millones de euros de dinero público dentro de Abengoa que estaban en peligro.

En concreto, esta cantidad se dividía en 130 millones en préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO), otros 75 millones de Cofides y los 210 restantes de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Este último organismo, además, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tuvo que asumir en 2019 casi 100 millones de euros por indemnizaciones.

En octubre de 2020, los accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares hicieron hincapié en que el Ministerio de Industria era el principal accionista al poseer el 3,1% de las acciones de la empresa. Esto llegó en pleno plan de refinanciación por el cambio de dirección. El Gobierno "no sólo se juegan ese 3,152%, sino los nuevos préstamos y avales del 'plan Urquijo', en total entre 250 y 300 millones de los 550 del plan", señalaron en aquel momento.

Por si fuera poco, hace un par de semanas, la ministra María Jesús Montero hizo público que se iba a inyectar aún más dinero desde el Gobierno en la compañía, pero la negación de aportar por parte de la Junta frenó la operación, "el Gobierno central tenía concedido a Abengoa un préstamo muy importante, en torno a los 400 millones de euros, condicionado a que la Junta pusiera 20 millones como aval. Esa ayuda decayó porque no quiso poner esa cantidad". Precisamente, AbengoaShares se mostró en contra de este plan.

Este grupo de accionista logró en 2020 cesar a todo el consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo, sin embargo, no lograron aupar a Marcos de Quinto a la presidencia, como tenían contemplado. En cualquier caso, la marcha de Urquijo supuso un cambio en la empresa. Los trabajadores creyeron que la época de pérdidas ya se había acabado, pero no ha sido así. De hecho, los trabajadores reprochan que en esta negativa no se hayan separado ambas etapas. "Ahora tenemos otra nueva empresa, un nuevo presidente, una nueva dirección y creemos en ella totalmente. La otra lo ha hecho mal, pero nos tenemos que centrar en lo que ocurre hoy y es que 11.000 familias nos vamos a la calle".

La situación es la pescadilla que se muerde la cola. Desde dentro señalan que sigue habiendo clientes pero que están a la espera de que la empresa reflote. Algo que no es posible sin las ayudas públicas. Sin embargo, los organismos encargados de aportar estos créditos niegan que la empresa sea viable. "Si no tenemos líneas de avales, la empresa no puede reflotar", aseguran. Una negativa que, además, consideran injusta y creen que se trata de "un tema político", refiriéndose al resto de empresas cuyos rescates sí han sido aprobados.

La deuda actual se encuentra alrededor de los 6.000 millones de euros. A pesar de que los trabajadores viven un momento límite, las últimas horas han servido para que haya un cruce de declaraciones entre los diferentes partidos y órganos políticos.

El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha manifestado que la Junta de Andalucía como institución y Juan Manuel Moreno en particular, "dejaron caer a Abengoa", de forma que el presidente "no hizo absolutamente nada por buscar la fórmula de generar un aval de 20 millones de euros para acompañar una operación que estaba decidida, autorizada y aprobada por el Gobierno de España, y que hubiese significado entrar en una senda de recuperación y viabilidad en la que no pudo entrar Abengoa".

El que fuera alcalde de Sevilla, que con este cargo ya se pronunció en varias ocasiones sobre la situación de la multinacional, ha pedido a Moreno que solicite al Gobierno de España "una mesa de trabajo urgente para ver cuáles son las posibilidades de apoyo a Abengoa, que tiene que haberlas, porque hay que preservar esos puestos de trabajo y esas capacidades que están en el área metropolitana de Sevilla preferentemente, pero que tienen reconocimiento a nivel internacional".

A la espera de que la Junta de Andalucía se pronuncie este miércoles tras el Consejo de Gobierno, el PP andaluz ya ha dejado clara su postura sobre la exclusión de Abengoa de las ayudas públicas aprobadas. "Escenifica la falta de sensibilidad con una empresa que es muy importante para el tejido empresarial e industrial de Andalucía", ha sentenciado Antonio Repullo, coordinador general de la formación a nivel andaluz.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, no cierra la puerta a que haya un final feliz y ha mostrado este martes su deseo de que la situación de la compañía, declarada en concurso voluntario de acreedores, obtenga "una resolución definitiva" sobre la ayuda pedida a la SEPI de 249 millones y "haya una salida" para esta situación.

Mientras tanto, los afectados creen que este es uno de los momentos en el que el Gobierno tiene mayor facilidad para rescatar a la empresa debido a la cantidad de fondos europeos que han llegado al país recientemente. "Tenemos los dos informes de los asesores que han trabajado con la SEPI favorables y no entendemos que la SEPI haya dicho que no".

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Emilio Cabrera.

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