La Junta de Andalucía ha otorgado hace unos días la autorización ambiental al proyecto de urbanización de Rancho Linares, donde se prevé la construcción de 1.200 viviendas, un proyecto muy criticado por grupos ecologistas, que advierten de su posible ilegalidad.
La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul aprobó dicha autorización, justificada por la clasificación previa desde 2011 de los suelos como urbanizables, recogía la Junta en una nota de prensa en la que explicaba que la modificación puntual del PGOU de 1992 (Plan General de Ordenación Urbana) realizada en 2011 está en vigor, por lo que debía proseguir con "la tramitación de los proyectos de urbanización que se proyectan en estos suelos".
La Junta aseguraba que imponía al promotor, la empresa Marsur TS-21 S.L. del Grupo Q, "un gran número de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, entre ellas la puesta en valor de la parte del acueducto de La Piedad", una infraestructura que fue parcialmente destruida durante las obras. "El suelo residencial de Rancho Linares se destinará preferentemente a un fin social como viviendas de protección oficial", destaca el Gobierno andaluz.
Pero ahora se conoce que el servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto advierte de la nulidad del proyecto urbanístico del Rancho Linares en un informe al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, en el que se corroboran las advertencias de ilegalidad y plena nulidad que presentó el grupo ecologista al proyecto. "Este informe ha sido ocultado por el Ayuntamiento y por la delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía", critican.
El informe se ha realizado como respuesta a las alegaciones que presentó Ecologistas en Acción al procedimiento de autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de urbanización del Rancho Linares. La entidad ha venido advirtiendo, en todo el largo proceso de tramitación de este proyecto, de su total ilegalidad, ya que se basa en una modificación del PGOU que se realizó en 2011 sin la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo “adolece de radical nulidad”.
Una de las características de la EAE es que obliga a someter al plan a consultas previas para determinar la necesidad o no de las actuaciones proyectadas, en este caso 1.200 viviendas; en caso de concluirse como necesarias, deben analizar las alternativas de ubicación. "Nada de eso se hizo con la modificación del PGOU que declaró suelo residencial unos terrenos protegidos y destinados a sistema general de espacios libres. Y no se hizo este análisis de alternativas por la sencilla razón de que este proyecto no lo soporta", apuntan desde Ecologistas.
El jefe del servicio jurídico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto corrobora esta total nulidad del proyecto que pretende urbanizar el bosque más biodiverso y valioso del municipio. Pedro García Retortillo asegura en su informe que, tal y como alegó Ecologistas en Acción, esa modificación del PGOU no se sometió a la EAE a que obliga la Ley básica estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que traspuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El jefe de servicio recuerda que, según doctrina del Tribunal Supremo, la EAE “no puede ser sustituida por otros instrumentos ambientales puesto que estos no acometen realmente un análisis de las diferentes alternativas razonables, incluida la alternativa cero, mediante un estudio comparado desde la perspectiva de la potencial afectación que pudieran ocasionar unas u otras al medio ambiente".
El informe del técnico municipal alega que "el Tribunal Supremo declara la nulidad de los planes porque el Estudio de Impacto Ambiental no puede sustituir a la Evaluación Ambiental Estratégica que tiene una perspectiva más amplia, global, comprensiva y a largo plazo". Y prosigue señalando que el estudio de las afecciones ambientales de la ordenación propuesta por la modificación puntual del PGOU en el Rancho Linares “no se efectuó en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 y en la ley 9/2006 y en la Directiva 2001/42/CE en que se inspiran, por lo que en el acuerdo de aprobación de la Modificación Puntual puede concurrir un vicio de nulidad”.
Por lo que concluye que “el vicio afecta, en este supuesto, a una disposición general, para cuya apreciación debe analizarse la concurrencia de la causa prevista en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Este artículo determina que serían nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, como es el caso.
Este informe fue remitido el 21 de abril pasado por la teniente alcalde de Urbanismo, Danuxia Enciso, al entonces delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, pero no consta en el expediente de dicha delegación territorial, critican los ecologistas. En la Autorización Ambiental Unificada, firmada por el nuevo delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido, se asegura que el expediente se remitió al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, pero que “no se ha obtenido respuesta”, lo que para la entidad ecologista es falso, por lo que ha solicitado explicaciones a la delegación de Sostenibilidad, pero no ha contestado.
Ecologistas en Acción advierte públicamente al alcalde de El Puerto, a la concejala de Urbanismo, al concejal de Medio Ambiente y a los responsables de la Junta que si aprueban este proyecto urbanístico con pleno conocimiento de su ilegalidad se denunciará ante los tribunales por presunta prevaricación y falsedad documental. "Ya está bien de saltarse las leyes a la torera para justificar lo injustificable, la urbanización de un valioso bosque y el pelotazo urbanístico de una influyente empresa constructora", critican.