La Mesa Social del Agua de Andalucía ha alzado la voz contra una decisión de la Junta que considera preocupante. Denuncia que el Gobierno andaluz ha optado por destinar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas a actuaciones frente a inundaciones, lo que, a su juicio, supone alterar de forma “sustancial” el objetivo para el que fue creado. Este canon, regulado en la Ley 9/2010, es un tributo finalista diseñado para financiar infraestructuras hidráulicas de interés autonómico. Históricamente, su uso ha estado ligado al desarrollo de redes de saneamiento y depuración de aguas residuales, con el objetivo de cumplir la Directiva 91/271/CEE. Sin embargo, la organización advierte de que ese objetivo sigue lejos de alcanzarse.
Según explican, la Junta ha decidido ampliar el destino del canon para financiar obras de reparación tras inundaciones, incluyendo actuaciones en cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos o infraestructuras de transporte vinculadas al dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias andaluzas.
Para la Mesa Social del Agua, esta decisión implica un cambio de naturaleza del canon, al destinar recursos del ciclo urbano del agua a actuaciones ajenas al abastecimiento, saneamiento o depuración. La crítica se intensifica por un elemento clave: estos fondos no proceden del presupuesto autonómico, sino que los pagan directamente los ciudadanos a través de la factura del agua. En este sentido, advierten de una “ruptura evidente” del principio de correspondencia entre lo que se paga y el servicio financiado, lo que, aseguran, erosiona la confianza en el sistema.
A ello se suma un problema de inequidad territorial. Las actuaciones financiadas se concentran en las cuencas intracomunitarias —Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras— que representan aproximadamente un tercio del territorio, mientras el conjunto de la ciudadanía andaluza contribuye al pago.
La Mesa reconoce que las actuaciones frente a inundaciones son necesarias, especialmente en un contexto de cambio climático, pero insiste en que deben financiarse con instrumentos presupuestarios específicos y no con un canon creado para resolver un problema estructural aún pendiente. Por ello, exige a la Junta que restablezca el carácter finalista del canon, priorice las inversiones en saneamiento y depuración y garantice la transparencia en el uso de los fondos.
