En los últimos meses, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha desactivado los acuerdos vinculantes de los países miembros de la UE y ha catalogado El Següesal, Atlanterra y Castellar como “Proyectos de Interés Estratégico” por la “Unidad Aceleradora de Proyectos”. Los Verdes de Europa-Tarifa manifiestan que la dirección política de Andalucía hace así evidente su interés de seguir favoreciendo la especulación ubanista.
Según explican los Verdes de Europa Tarifa en una nota de prensa, los tres citados proyectos exceden de lo que se denomina “Campo de Golf”, ya que se incluye establecimientos hoteleros y otras instalaciones que se encuentran distantes de poder considerarse de “Interés General” debiendo denominarse de “Interés Privado”. Los Verdes aseguran que a estas actividades se les agrega, sin embargo, el “extra” de viviendas protegidas para darles "un tinte social que permita la destrucción de la biodiversidad".
“Tanto el anterior gobierno como el actual actúan de forma absolutista”, manifiesta la portavoz de los Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke. "Si el gobierno anterior utilizaba pretextos de aplicar la legalidad y la participación ciudadana, permitiendo alegaciones, recursos, denuncias y otros, sabiendo de antemano que implantarían sus propias decisiones, hoy día, el nuevo gobierno, directamente redacta nuevas leyes que tiran por la borda el orden jerárquico jurídico de las directivas medioambientales y de derechos fundamentales, favoreciendo así a promotores y especuladores".
Los Planes de Ordenación Urbanos (PGOU), cuya mayoría datan de finales de los años noventa no tienen sus respectivos estudios de impacto ambiental, lo que distorsiona de base las planificaciones posteriores. Así, según los Verdes, el territorio del Campo de Gibraltar, año tras año, se va convirtiendo en el máximo exponente del caos-urbanístico-medioambiental, producido por la falta de estructuras básicas necesarias como el saneamiento y el agua potable, determinantes para la salud humana.
El grupo Verde considera, por tanto, que la única posibilidad de acabar con este problema es paralizar todas las nuevas construcciones pretendidas y todavía no ejecutadas, y centrar los esfuerzos en ordenar el caos urbanístico. "El gobierno debería asumir que construir más campos de golf supone aceptar altos costes ambientales y paisajísticos con la correspondiente destrucción de la biodiversidad", concluyen.
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