Critican que los informativos de Canal Sur son "una mezcla de autobombo de la Junta y crítica al Gobierno"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía califica de “muy pobre” la presencia de personas expertas del ámbito médico y científico y el interés por la población empobrecida andaluza

Álvaro Zancajo, ex director de informativos de Canal Sur, en una imagen de archivo.
Álvaro Zancajo, ex director de informativos de Canal Sur, en una imagen de archivo.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado el papel propagandístico de los partidos en el Gobierno que se está llevando a cabo en la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), en su opinión, exacerbado con la pandemia del coronavirus, en detrimento de una información plural, veraz y objetiva de la realidad andaluza, razón de su creación y funcionamiento.

Apdha considera que los partidos en el Gobierno de Andalucía y su apoyo parlamentario copan los informativos, sin apenas presencia, y cuando la hay distorsionada, de los partidos de la oposición. Escasa y también distorsionada es la presencia del Gobierno central, último responsable de la gestión de la pandemia, refieren. Asimismo, califican como “muy pobre” la aparición de expertos médicos y científicos, tan necesaria para comprender y actuar ante una enfermedad desconocida hasta ahora.

A su juicio, las “interminables” ruedas de prensa de los distintos miembros del Gobierno autonómico “son una mezcla de autobombo y crítica al Gobierno central, plagadas de datos confusos, repetitivos y en ocasiones contradictorios, que sirven poco o nada para tener una información correcta de la realidad”. Una realidad que se circunscribe a la comunidad autónoma, afirman, evitando la información internacional, que serviría para entender el alcance del impacto del coronavirus y las actuaciones de los distintos Gobiernos ante el Covid 19.

Según Apdha, las noticias de la RTVA no sólo desconocen la realidad del resto de España y del mundo, “eliminan también de sus contenidos las tan necesarias informaciones de servicio público, algunas de las cuales se ofrecen sin la explicación debida, entre la maraña de datos que casi a diario ofrecen los consejeros de la Junta, mezclados de manera confusa, inexacta y manipulada”.

Lo más sangrante para la organización es la eliminación de una parte de la ciudadanía del interés informativo. Se trata de esa parte de la comunidad que compone la Andalucía empobrecida, cercana al 20 % de la población, a tenor de los datos del Informe Foessa de octubre de 2019 sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía y que, por su condición de exclusión, enfrenta de la manera más severa las consecuencias de esta crisis sanitaria.

En concreto, la asociación describe la situación “desconocida para la ciudadanía” de distintos colectivos: las personas sin hogar, que con múltiples patologías previas han sido reunidas en grandes espacios, sin condiciones sanitarias adecuadas y se desconoce cómo evoluciona su situación desde el confinamiento; las que se encuentran en asentamientos de chabolas, condenadas durante décadas a malvivir en infraviviendas, las de las miles de familias que conviven en espacios mínimos y sin recursos, porque su supervivencia habitual estaba ligada a la economía informal.

Hacen referencia también a las personas presas, doblemente confinadas y a las que se les niegan, además de las visitas de familiares, derechos fundamentales como la presencia de abogados de oficio; las personas migrantes sin papeles que no tienen derecho a ningún recurso; la infancia migrante que cumplidos 18 años, no tienen lugar de acogida, ingreso de ningún tipo ni círculo de apoyo; las trabajadoras sexuales, privadas de su medio de vida por el confinamiento y todos aquellos y aquellas andaluzas que carecen de los ingresos mínimos para subsistir y de lugares adecuados para la convivencia en confinamiento. A la exclusión por motivos económicos, sociales y culturales se añade, según la asociación, la brecha digital, ya que coinciden todos estos colectivos además en que carecen de los medios y las habilidades básicas para acceder a los escasos recursos que las Administraciones públicas y sobre todo, las organizaciones sociales pudieran ofrecerles.

Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la información es un derecho fundamental que se está conculcando con estas actuaciones, un hecho peor, si cabe, cuando se trata de un medio público, especialmente obligado por esta condición a estar al servicio de toda la ciudadanía, cuanto más, en una situación tan grave como la que atraviesa la población.

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