Los periodistas veteranos sabemos leer más allá de los titulares. Tras cada anuncio solemne y cada nota de prensa institucional suele haber, demasiadas veces, más humo que ladrillos. En Jerez, la vivienda se ha convertido en el tema estrella de las últimas semanas: grandes anuncios por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, promesas de suelo disponible, planes urbanísticos y titulares que suenan a esperanza. Pero, ¿cuánto de todo esto se traduce en soluciones reales?
El problema de la vivienda no es una moda pasajera: es la principal preocupación de los españoles, según los últimos barómetros del CIS. En Jerez, como en tantas otras ciudades, este drama golpea con fuerza a los más vulnerables: familias con pocos recursos y jóvenes que ven cada vez más lejana la posibilidad de emanciparse. Mientras tanto, el mercado inmobiliario parece seguir jugando con sus propias reglas, ajeno a la urgencia social.
Los datos son reveladores: más de 85.000 metros cuadrados de suelo esperan desde hace años convertirse en hogares. Podrían levantarse más de 1.800 viviendas protegidas, y, sin embargo, ahí siguen, con el cartel de “se vende” como un recordatorio permanente de lo que no se hace. La paradoja es dolorosa: suelo público, en manos del propio Ayuntamiento y de Emuvijesa, que no se traduce en vivienda pública.
La explicación, como casi siempre, es económica. Las administraciones fían a la iniciativa privada la construcción de vivienda protegida, confiando en que los promotores encuentren rentabilidad donde no la hay. Es decir, se renuncia a la intervención directa y se deposita la esperanza en un mercado que, por definición, busca beneficio, no justicia social. ¿Qué empresa va a lanzarse a construir VPO si no hay ganancias claras? El resultado es evidente: voluntarismo político, muchos anuncios y pocos hechos.
Mientras tanto, se aprueban planes como el de seguimiento del desarrollo urbanístico en suelo rústico, que pretende poner freno a las viviendas ilegales. Una medida necesaria, sí, pero que deja intacto el problema de fondo: ¿Dónde van a vivir quienes no pueden acceder a un alquiler digno ni a una hipoteca? ¿Qué alternativa real tienen los jóvenes que sobreviven con salarios precarios?
La vivienda, en Jerez y en España, se ha convertido en un lujo. Y cuando un derecho fundamental se transforma en un privilegio, la democracia se resquebraja. El acceso a un hogar no debería depender de la rentabilidad de un promotor ni del ciclo económico de turno. Debería ser una prioridad política con compromisos tangibles: inversión pública, programas de alquiler social, construcción directa de viviendas y medidas que frenen la especulación.
Porque la pregunta incómoda persiste: ¿qué ciudad queremos? Un Jerez donde la juventud siga emigrando y las familias más vulnerables sigan al borde del desahucio, o un Jerez que apueste de verdad por garantizar el derecho a techo. Los titulares venden, pero los ladrillos construyen futuro. A este paso habrá que ir pensando en vivir debajo de un puente...