Desde el año 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, junto con el Relator Especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston, llevan señalando que España tiene uno de los niveles más bajos de vivienda social en Europa y que el aumento de precios del alquiler dificulta el acceso a la misma, especialmente en familias vulnerables. En sus informes instan al gobierno español a establecer políticas tendentes a garantizar el derecho a la vivienda y a frenar los desalojos y los casos de pobreza energética. Y, sin embargo, el problema de la vivienda sigue siendo el principal problema para la mayoría de los españoles. Un problema que afecta muy especialmente a los jóvenes y a las personas vulnerables.
No podemos decir que no haya normas que favorezcan una política de vivienda adecuada. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a cada persona el “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España ratificó en 1977 y debe cumplir desde entonces, ratifica este mismo derecho en su artículo 11.1. Y, sin embargo, la vivienda sigue siendo una meta imposible para muchos de nuestros compatriotas.
La Carta Social Europea Revisada, en su artículo 32 establece la obligación de los estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, favoreciendo el acceso a la misma y haciendo asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE señala en su artículo 34.3 que “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”. De hecho, el derecho internacional establece la obligación de las autoridades de utilizar todos los recursos necesarios para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente en las personas más vulnerables. Y, sin embargo, en nuestro país nadie con un salario o una pensión mínima puede acceder a una vivienda que, en determinados lugares, llega a precios más altos que el propio salario.
También nuestra Constitución protege en su artículo 47 el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho. En el artículo 33 se estipula la función social del derecho a la propiedad privada. Y, sin embargo, el derecho a la vivienda, como los otros derechos sociales que aparecen en el capítulo tercero del título primero bajo el epígrafe de “principios rectores de la política social y económica”, se queda en una mera declaración de intenciones porque no tiene una suficiente protección constitucional. Por esta razón, tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones pedimos que se blinden estos derechos reformando el artículo 53 de la Constitución, que solo garantiza los derechos civiles y políticos que aparecen en el capítulo segundo.
La vivienda es vista en nuestro país como un activo financiero, y no como un derecho humano. Y esa visión, junto al desinterés de las administraciones por facilitar vivienda adecuada al nivel de renta de los españoles, y junto a la codicia de los fondos de inversión internacionales, ha creado en nuestro país un gran problema que ya es el principal problema para la mayoría de la sociedad, y muy especialmente para los jóvenes. Los poderes públicos, el Estado, en todas sus vertientes, nacional, autonómica y local, tienen que coger el toro de la vivienda por los cuernos y hacer urgentemente políticas que pongan fin a esta distopía en que vivimos, en la que por más que puedan crecer los salarios, la vivienda crecerá más, mucho más. Y más deprisa, mucho más deprisa.
Con esta inacción de las administraciones públicas, España vulnera el derecho a la vivienda. Pero esta vulneración no es algo nuevo; la vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España y esta violación afecta a millones de personas. De hecho, nuestro país es el que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. En estos últimos años, la crisis de la vivienda ha aumentado, especialmente desde la crisis de 2008, cuyas consecuencias seguimos arrastrando, a la que se añaden las consecuencias de la pandemia de 2020, las malas perspectivas actuales ante la crisis energética como consecuencia de la guerra de Ucrania y el aumento del gasto en defensa como gasto prioritario de los países europeos.
Los datos de la vivienda son claros. España tiene un parque de vivienda social que apenas llega al 2,5 % del total de viviendas, mientras que en la Unión Europea supera el 15 %. Según el censo de 2023, tenemos 3,8 millones de viviendas vacías y el presupuesto público para el acceso a la vivienda y el fomento de edificación se redujo más del 70 % entre 2009 y 2018. La vivienda en alquiler ha subido una media de 86,4 % y el 37 % de la población que vive en una vivienda de alquiler dedica más del 40 % de sus ingresos a los gastos de vivienda.
Este hecho ha llevado a que la edad media de las personas que alquilan una vivienda compartida haya subido hasta los 34 años. Todo esto es especialmente grave en un país en el que el 27,8 % de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que sube hasta el 54,3 % en el caso de los hogares monoparentales, encabezados en más de un 80 % por mujeres, porque también el problema de la vivienda tenemos que verlo con perspectiva de género. Hablamos de un país en el que más del 30 % cobrarían el salario mínimo o menos. Es una grave crisis que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Uno de cada tres jóvenes está expuesto a pobreza y exclusión y sólo el 14,8 % se emancipa y su única alternativa viable es el alquiler compartido. En cuanto a las mujeres su riego de pobreza y exclusión es un 6 % mayor que en los hombres, cuentan con peores condiciones laborales, con una mayor tasa de paro, menor salario, mayor temporalidad y más parcialidad en el trabajo.
No podemos decir que la primera Ley estatal de Vivienda de la democracia, que entró en vigor en mayo de 2023, 46 años después del primer gobierno elegido democráticamente tras la dictadura de Franco, no suponga un paso adelante. Incluye medidas positivas, entre otras, medidas de control del incremento de los precios de alquiler, promueve más vivienda social e incrementa la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo. Pero la aplicación de estas medidas no está asegurada al no incluir un sistema de inspección que asegure su cumplimiento. Tampoco existe un régimen sancionador en caso de que no se cumpla.
El hecho de que sean las Comunidades Autónomas las competentes en la declaración de zonas tensionadas y de que el control de precios dependa de esa declaración, hace que la contención de precios pierda efectividad y que se produzca una clara desigualdad, en función del territorio, en el acceso y disfrute del derecho a la vivienda. En cuanto a los desalojos, la ley sigue sin exigir que las personas sin recursos cuenten con una vivienda alternativa, como consecuencia del insuficiente parque de vivienda social. Es necesario que el parque de vivienda social crezca de manera significativa mediante porcentajes anuales mínimos de crecimiento y hay que blindar el carácter social de la vivienda.
El rechazo por parte del Congreso de los Diputados el pasado 27 de enero de la prórroga de la moratoria de desahucios que mantiene paralizados unos 70000 desahucios de personas en situación de vulnerabilidad no es una buena noticia. Esta prórroga, como recuerdan las más de 100 entidades que constituyen la plataforma #NiUnDesahucioMás, era la única medida efectiva que había para detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por ello, estas entidades denuncian la inseguridad e incertidumbre en que quedan esas familias. No se puede dejar a las familias en la calle y la Administración ahora mismo no tiene alternativas para afrontar el drama social que se avecina. Por ello tiene que trabajar con los apoyos necesarios para sacar adelante esta medida con garantías.
Es urgente no sólo aprobar este decreto, sino negociar con los grupos parlamentarios un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.