Vaya por delante un recordatorio de algo que ya les dejaba caer en la primera de mis colaboraciones hace unas semanas: soy feminista, así que muchos de mis artículos –pueden dejar de leer desde este punto, si lo desean—, van a versar en torno a esta cuestión, por múltiples razones.
Primero, porque estoy ya en esa etapa vital en que dejan de importar muchas cosas y las pocas que importan, lo hacen realmente. La igualdad es una de ellas. En segundo lugar, porque me preocupa esa constante sensación de retroceso en derechos, a pesar de que tenemos a nuestro alcance todos los saberes y herramientas que deberían impulsarnos en el conocimiento. Finalmente, porque ocupan un importante espacio en la política, en el mundo virtual y hasta en el mundo del espectáculo aquellos grupos que niegan la mayor: que la violencia de género exista.
En una semana en la que cinco o seis mujeres –una de ellas está en investigación cuando escribo este artículo— han sido asesinadas; una persona pública, político y jurista, junto a otras tantas de su partido, se ha atrevido a ponerse tras una pancarta en la que se niega la violencia de género.
Lo ha hecho sin vergüenza, sin despeinarse, como si no importase. Hacerlo, en sí mismo, supone una toma de posición que va más allá de la política. Hacerlo en un acto de homenaje a una mujer asesinada por su marido delante de sus hijas supone una falta de empatía y de calidad humana digna de mención. Si no estaba de acuerdo, bastaba con no aparecer. Pero la pancarta en ese espacio supone la nauseabunda utilización de una mujer asesinada para hacer alarde de la posición negacionista. ¿Hacía falta?
A estas alturas, saben que me estoy refiriendo al señor Ortega Smith. Lo peor es que, como jurista, él sí sabe que existe una violencia de género y una clara “ideología de género”, que se llama machismo, en la que prevalece la superioridad del hombre sobre la mujer hasta el peor extremo, el asesinato; y que ésta ha impregnado hasta hace bien poco nuestro ordenamiento jurídico y sigue tiznando la praxis.
Él, jurista, sabe que nuestro ordenamiento ha recogido de múltiples maneras esa discriminación, y específicamente en el ámbito intrafamiliar, por hablar en sus términos. La mujer, en nuestro país, no ha poseído, hasta no hace tanto, derecho a la representación legal propia, a la patria potestad de sus hijos, a trabajar sin el permiso de su marido, a abrir una cuenta corriente, a disponer de su propio dinero. Incluso para cobrar una herencia, necesitaba el consentimiento del varón. Y eso sucedía por ley.
Pero más aún, nuestro sistema jurídico recogía hace apenas unas décadas el uxoricidio honoris causa: específicamente la posibilidad de que un marido que mataba a esposa por mancillar su honor quedase impune de tal acto. Según el Código Penal de 1944 (art. 428), retomando una figura anterior a la República, el varón podía quedar exento de pena, más allá del destierro, si sorprendiendo “en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves”. Si esto es lo que recogía la ley, imaginen lo que consentía la tradición.
Sí, señor Ortega Smith. La violencia de género existe; y usted lo sabe.
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