Cada 10 de diciembre recordamos aquel momento fundacional de 1948, cuando el mundo, aún con las heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial, decidió ponerse de acuerdo en algo esencial: reconocer que toda persona, por el simple hecho de existir, posee una dignidad que ningún poder puede arrebatar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nació como un compromiso colectivo reconociendo de forma universal los derechos inherentes a nuestra condición humana.
77 años después, ese pacto moral fundacional del Estado de Derecho global se resquebraja ante nuestros ojos. La arquitectura internacional creada para proteger la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad y todos los demás derechos humanos atraviesa una crisis profunda. Naciones Unidas, antaño referente de equilibrio y mediación, muestra hoy una capacidad cada vez menor para frenar guerras, sancionar abusos, disuadir a los tiranos, garantizar la legalidad internacional y la seguridad de las poblaciones e incluso para tener la influencia que los líderes de las potencias supremacistas le niegan.
La realidad es abrumadora: los conflictos armados se multiplican, se cronifican, se reactivan y se vuelven más brutales. Desde Palestina, Siria, Yemen en Oriente Medio hasta el Sahel en África, pasando por Ucrania, Myanmar, y otras zonas más, millones de personas viven atrapadas entre bombas, masacres, desplazamientos forzosos, hambrunas, violencia y negación de los derechos más básicos y la destrucción sistemática de sus comunidades. A esta devastación se suma una crisis socioeconómica y ecológica global que golpea con especial dureza a quienes ya estaban en los márgenes.
La pobreza extrema vuelve a crecer, la violencia y la desigualdad se disparan y la emergencia climática agrava la vulnerabilidad de regiones enteras. Mientras tanto, la revolución tecnológica avanza sin regulación suficiente, abriendo múltiples interrogantes inquietantes sobre el futuro del trabajo, la acumulación de riquezas en el sector, la privacidad, la discriminación algorítmica y el futuro de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial.
La esclavitud del siglo XXI: cincuenta millones de vidas invisibles
En pleno siglo XXI, cincuenta millones de personas viven sometidas a formas contemporáneas de esclavitud: explotación laboral, servidumbre doméstica, trata, matrimonios forzados o trabajo infantil. Muchas de ellas son niñas y niños obligados a trabajar en minas que extraen minerales para nuestros móviles y coches eléctricos, en fábricas textiles que producen ropa de usar y tirar, en campos agrícolas que alimentan mercados globales, o en viviendas de ricos que las explotan. No hablamos de cifras abstractas: son vidas truncadas, infancias robadas y futuros negados. Esta esclavitud moderna nos interpela: nos convierte en parte de un sistema que tolera lo intolerable. La pregunta incómoda es si estamos dispuestos a reconocer nuestra corresponsabilidad y exigir que las empresas, los gobiernos y las instituciones internacionales rompan definitivamente con estas cadenas de explotación humanas.
Las mujeres y las niñas, en el epicentro de la violencia
Si hay un termómetro que revela el estado real de los derechos humanos, ese es la situación de las mujeres y las niñas. Y hoy ese termómetro marca alarma roja. La violencia machista continúa siendo una pandemia global: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Cada diez minutos, una mujer o una niña es asesinada por alguien de su entorno. No hablamos de casos aislados, sino de un sistema que sigue considerando sus vidas prescindibles. Según ONU Mujeres “el año pasado, 83.000 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera intencionada. El 60 por ciento de ellas —50.000— murieron a manos de sus parejas o familiares”.
En Afganistán, las mujeres viven un femigenocidio, expulsadas del espacio público, privadas de educación, trabajo y libertad de movimiento. En la República Democrática del Congo, la violencia sexual sigue utilizándose como arma brutal de guerra. En Sudán, miles de menores son secuestradas, violadas o reclutadas por grupos armados. En muchos países islámicos se han derogado las leyes que prohibían los matrimonios forzosos con menores de edad. Y en muchos otros, la regresión normativa y política amenaza gravemente conquistas que costaron décadas de lucha feminista.
A ello se suman nuevas formas de explotación: la mercantilización de sus cuerpos a través de la expansión de la industria prostitucional, la pornografía y la gestación subrogada, la precariedad laboral que las empuja a la pobreza, la discriminación persistente en el acceso a recursos y oportunidades, y la erosión progresiva de los marcos jurídicos que deberían protegernos.
La negligencia institucional —leyes ineficaces, políticas insuficientes, desviación de recursos y ausencia de voluntad política— perpetúa un círculo de impunidad que vulnera tanto la legalidad internacional como la nacional. Esta negligencia olvida algo fundamental: nuestros derechos también son derechos humanos, como se ocuparon de garantizar Eleanor Roosevelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino, Begum Shaista Ikramullah, Bodil Begtrup, Marie-Hélène Lefaucheux, Evdokia Uralova y Lakshmi Menon, las ocho relatoras que, con su visión y determinación, lograron que la Declaración se llamara "de derechos humanos" y no "de derechos del hombre", inscribiendo así a las mujeres en el corazón mismo del pacto fundacional de la ONU de 1948.
El deber ineludible de contribuir al mantenimiento de la paz
La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos no puede convertirse en un ritual vacío. Es un recordatorio incómodo de que la dignidad humana no se defiende sola, tenemos que defenderla de forma activa, exigiendo a los gobiernos y a la llamada comunidad internacional que cumplan y hagan cumplir la normativa vinculante, que fortalezcan las instituciones, que favorezcan el derecho de la ciudadanía a vigilar y protestar contra los excesos y que se esfuercen por mantener la maltrecha paz en la que vivimos.
Proteger los derechos de las mujeres, de la infancia, de quienes viven en la pobreza, violencia o bajo la esclavitud no es solo cuestión de justicia: es la base misma de cualquier sociedad que aspire a la paz, la democracia y el progreso.
Los derechos humanos no son concesiones que los gobiernos otorgan según su benevolencia, sino límites infranqueables al poder público y privado y garantías que toda persona debe exigir. La humanidad no puede permitirse seguir retrocediendo y legitimar, por acción u omisión, el auge del autoritarismo, de la violencia y los vientos bélicos que soplan. La cuestión no es si podemos cambiar el rumbo, sino si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de hacer nuestra parte para mantener la paz. El momento de actuar es ahora.