En el 47º aniversario de la Constitución española, y en medio de una crisis política que la sitúa en el centro del debate, conviene recordar el pilar que sostiene nuestro edificio democrático: el Estado de Derecho. No es retórica ni ideología. Es la garantía de que nadie —ni gobernantes, ni reyes, ni mayorías parlamentarias, ni instituciones, ni poderes fácticos— puede colocarse por encima de la ley.
Durante siglos, el poder se ejerció como voluntad del monarca o del líder militar de turno. Locke y Montesquieu introdujeron una idea revolucionaria: someter el poder a reglas objetivas aplicables a todos por igual. La solución planteada radicaba en diseñar sistemas donde el abuso de poder resultara estructuralmente difícil. Montesquieu propuso dividir las funciones del Estado en tres ramas independientes: el poder legislativo, que elabora las leyes; el ejecutivo, que las aplica y gobierna; y el judicial, que las interpreta y garantiza su cumplimiento. Cada uno debe actuar con autonomía y servir de freno y contrapeso frente a los demás, creando un equilibrio que garantice el ejercicio del poder y la protección de los derechos individuales, bajo el imperio de la ley.
1978: un pacto democrático con una deuda histórica
La Constitución Española de 1978 nació del consenso entre fuerzas políticas para instaurar la democracia y construir un Estado social y democrático de Derecho. Pero hay algo que a menudo se olvida en los homenajes a la Carta Magna: sin igualdad entre mujeres y hombres, no hay democracia. En el mejor de los casos, habría androcracia: el gobierno de los hombres, por los hombres y para los hombres.
Cuando se habla de los "Padres de la Constitución", la verdad histórica exige recordar que también hubo 27 Madres constituyentes. Apenas representaban el 6% de los parlamentarios, pero su trabajo fue decisivo para la consolidación democrática. Gracias a estas mujeres, el artículo 14 reconoce el sexo como categoría jurídica protegida y prohíbe expresamente la discriminación por esta razón.
Obligaciones jurídicas vinculantes, no opciones ideológicas
Aquí radica una distinción fundamental que debe quedar clara: la igualdad entre mujeres y hombres no es una opción política sujeta a mayorías parlamentarias o cambios de gobierno. Es una obligación jurídica del Estado español.
La Constitución no establece un mandato ideológico cuando consagra la igualdad en su artículo 14 ni cuando obliga a los poderes públicos a promover condiciones para que sea real y efectiva en su artículo 9.2. Establece un imperativo legal que vincula a todas las instituciones, a todos los poderes públicos, independientemente de su signo político y a los particulares.
Esta obligación se refuerza y concreta a través de los compromisos internacionales que España ha ratificado. Cuando nuestro país suscribe la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul, entre otros, no está adoptando posturas partidistas. Está asumiendo compromisos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, diseñados para proteger al grupo humano históricamente oprimido y violentado: las mujeres.
Estos tratados obligan al Estado español en su conjunto, no a un gobierno concreto ni a una legislatura determinada. La normativa europea, especialmente tras el Convenio de Estambul, impone estándares mínimos de protección y prevención que ningún ejecutivo o parlamento puede desmantelar alegando preferencias políticas, o cediendo ante los grupos de presión.
Una democracia con deudas pendientes
Cuarenta y siete años después de la promulgación de la Constitución, los derechos de las mujeres continúan bajo amenaza. Los datos son contundentes: según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 30,3% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. El estudio detalla que el 17,2% de las mujeres con pareja actual reconoce haber padecido violencia, porcentaje que asciende al 40,4% en relaciones anteriores.
Y, mientras, baja la participación efectiva en el poder político, social y económico y la brecha salarial, el paro, la precariedad, la penalización de la maternidad y las barreras en el acceso al empleo demuestran que la democracia real, aquella que el artículo 9.2 ordena construir, aún no se ha consolidado.
Más preocupante aún: hoy se promueven normas basadas en percepciones subjetivas individuales que socavan la categoría jurídica ‘sexo’, fundamento sobre el que se construyen los derechos de mujeres y niñas. La llamada ley de autodeterminación del sexo pone en riesgo esos derechos al ignorar la realidad material del sexo: las mujeres somos las hembras de la especie humana, y esta base biológica sustenta nuestras garantías frente a la discriminación y la violencia sistemática que hemos sufrido históricamente. Diluir el significado jurídico de “mujer” no es progreso: es una grave injusticia, que nos desprotege.
El feminismo como guardián del Estado de Derecho
El feminismo no es una opción ideológica más en el mercado de las ideas: es una condición indispensable para una democracia plena. Sin el movimiento feminista, los derechos reconocidos a las mujeres en 1978 no habrían existido. Y sin un feminismo vigilante, esos derechos corren hoy el riesgo de retroceder.
La igualdad ante la ley no es sólo un mandato constitucional: es la piedra angular que distingue una democracia de cualquier sistema donde unos dominan sobre otras. Cuando se relativiza esa igualdad o se presenta la defensa de los derechos de las mujeres como una ideología que perjudica a los hombres, lo que realmente se cuestiona es el propio Estado de Derecho. Y éste no se defiende solo: exige cumplimiento de la ley, vigilancia constante, transparencia, rendición de cuentas e igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Estos principios son el oxígeno de nuestra democracia constitucional. Defenderlos significa defender los derechos de las mujeres y niñas, porque lo que es bueno para las mujeres es bueno para toda la sociedad.