En los estudios de políticas públicas sobre situaciones sociales problemáticas, se denomina a un problema como retorcido o endiablado cuando no hay una solución obvia, muchos individuos y organizaciones están involucrados, hay desacuerdo entre las partes, y la solución requiere cambios de comportamiento de ciertos actores. No hace falta decir que, tras los resultados del 20-D, la formación de un gobierno se ha convertido claramente en un problema retorcido.
La concurrencia de las tres líneas de fractura en el electorado y en el sistema de partidos, ya comentadas en anteriores artículos (derecha-izquierda, independencia-unidad y emergencia-declive) ha provocado una situación inédita hasta ahora en la política española del actual período democrático. No sólo es que ninguna fuerza política por sí sola pueda gobernar, si no que la formación de una coalición estable entre varias es prácticamente inviable. Ni siquiera Aznar en 1996 lo tuvo tan difícil. Con un panorama así, la celebración de nuevas elecciones parece el final al que estamos abocados.
Tal como se ha comentado al principio, la solución a un problema retorcido requiere cambios de comportamiento de ciertos actores. Es decir, para encontrar una solución hay que hacer cosas distintas de las que venían haciendo o diciendo. Traducido a los términos que se están utilizando estos días, se trata de la renuncia a algunas de las líneas rojas fijadas ya por las distintas formaciones políticas. En definitiva se trata de sacrificar algunos de sus postulados. Ahora bien, ¿quién y qué se sacrifica?
Todas las miradas se han dirigido al Partido Socialista y a su líder, Pedro Sánchez, como cordero sacrificial. Incluso el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto la abstención de su formación y del PSOE para facilitar la investidura de Rajoy. Rivera ya había anunciado que Ciudadanos dejaría gobernar a la lista más votada, por lo que el electorado ha podido descontar esta postura a la hora de emitir el voto. Pero en el caso del PSOE no ha sido así. La dirección socialista ha dicho por activa y por pasiva que no apoyaría la investidura de Rajoy, ni mucho menos entraría en un hipotético gobierno del PP. Y sus razones tienen. Un apoyo explícito o implícito de los socialistas a los populares significaría poco menos que su suicidio político. Posiblemente, su electorado le volvería la espalda masivamente.
Pero la formación de un gobierno requiere de sacrificios, de renuncias, por parte de todos los partidos comprometidos en el mismo. Es necesario tener altura de miras y no dejarse llevar por intereses partidistas, como ya se hizo durante la transición con los Pactos de la Moncloa. Aunque podría ser que a algunos no les interese el pacto. A Podemos puede no interesarle pactar un gobierno de izquierdas con el PSOE y otras fuerzas a la espera de ver qué hará éste. La posición del PSOE es complicada. Si apoya al PP por acción u omisión ya hemos dicho que puede ser su final, y si no lo hace, lo culparán de todo lo malo que nos suceda. Pierde en ambos casos. Si en mayo hubieran de celebrarse unas nuevas elecciones, los beneficiados podrían ser PP y Podemos. Los primeros por el efecto de la segunda vuelta que tendería a concentrar el voto. Los segundos porque el PSOE llegaría muy debilitado, tanto externa como internamente, y podría producirse el llamado sorpasso. El establecimiento de una serie de líneas rojas por Podemos, como propuestas inaplazables e irrenunciables de reformas constitucionales parece más bien que puede estar en esa estrategia.
Sin embargo, no es posible una reforma constitucional sin la participación del PP, ya que dispone de una minoría de bloqueo en el Congreso y de mayoría en el Senado. No obstante, no es necesario cambiar la Constitución para acometer una serie de reformas en las que están de acuerdo partidos que suman la mayoría en el Congreso, desde Ciudadanos a Unidad Popular, pasando por PSOE y Podemos, es decir, una coalición de amplio espectro, tan común en nuestro entorno europeo. Por ejemplo, un cambio en la ley electoral que reparta los escaños atendiendo más a criterios de población que a criterios de territorio, dejando el mínimo de diputados por provincia en uno en vez de los dos actuales. Promoviendo un pacto por la educación que dote de estabilidad al sistema educativo. Una revisión de la legislación laboral que restablezca el equilibrio roto por la reforma del Partido Popular. Aprobación de medidas para la regeneración de la política. Aprobación de medidas de lucha contra el cambio climático. Pero, sobre todo, cambios que procuren una salida de la pobreza para los millones de hogares que la padecen todavía. Ese es el verdadero sentido del pacto: poner en valor las coincidencias, aparcando las diferencias. Un programa de mínimos es posible. Si se quiere, es posible un pacto para sacar el país adelante, a la gente, que es lo que realmente importa.
Las soluciones de los problemas retorcidos no son rotundas ni definitivas, sino mejores o peores, es decir, siempre parciales. Ni tampoco existe prueba inmediata sobre el acierto o el desacierto de la solución. Lo único seguro es que no tienen tiempo de espera.
Juan Antonio Cabello Torres es Licenciado en Ciencias Empresariales.
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