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Miriam Alconchel, secretaria general del PSOE-A Jerez

Hay partidos y personas que los dirigen que han perdido cualquier atisbo de sensibilidad, si algún día lo tuvieron. Hace unos días el PP rechazó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de que las empresas eléctricas no corten el suministro de luz a familias vulnerables por impago. ¿Pero de qué pasta están hechos estos gobernantes?, me pregunto. Han sustituido la luz de vela por la justicia social y los derechos humanos por sus prebendas con las compañías eléctricas. En estos momentos dolorosísimos para los jerezanos y jerezanas con niveles de pobreza desconocidos, la derecha se atreve a seguirnos pisando la yugular de quienes gracias a la caída del sistema económico han convertido en pobres de solemnidad, mientras la proporción de población rica crece como nunca.

En el PP algunos dirigentes sin estómago y sin conciencia social han decidido que las cuestiones dramáticas que te ponen el vello de punta no son importantes, sino las buenas relaciones con las eléctricas. A pesar de que varias formaciones políticas como el PSOE habían planteado medidas para evitar cortes de luz en familias necesitadas -como el Demiurgo que todo lo crea y lo decide- los populares dijeron NO alto y claro a las enmiendas parciales al proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Ante este panorama me siento orgullosa como ser humano y como política, de que el Gobierno de Andalucía no deje en la estacada en este momento a quienes gritan una salida a esta situación. Para ello se han puesto en marcha programas con una incidencia primordial en la vida de nuestra gente. Así el nuevo Decreto de Inclusión Social destinará a los Ayuntamientos 64 millones de euros- 8 millones más que en 2013- para la atención a colectivos vulnerables con planes el pago de servicios básicos o la garantía alimentaria de las familias. Un programa que sólo en la provincia de Cádiz va a beneficiar a 21.000 personas con un reto muy claro: las personas no quieren ayudas sino empleo, por eso este Decreto pasa por posibilitarles el acceso a un puesto de trabajo.

Lejos de la opinión del PP local, no se trata de políticas de migajas ni de beneficencia como practican ellos, sino de una suma de ayudas y de respuestas de justicia social destinadas a las personas afectadas por los recortes de Rajoy. Gracias al Gobierno de Susana Díaz, Jerez es uno de los municipios más beneficiados por el Decreto por el volumen de personas en situación de desempleo con 1,3 millones de euros; ofreciéndoles ayudas que otras administraciones les niegan.

Programas que garantizan la inserción socio-laboral de las personas en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares, llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad; u otros como el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía que incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares. Iniciativas pensadas por y para las personas que ayudan entre otras cosas a sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler.

La alimentación es otro cantar. Los comedores sociales y los abuelos con pensión están evitando que muchos jerezanos y sus hijos pasen hambre, aunque la conciencia cívica de la administración andaluza está permitiendo que 2.297 escolares de la provincia reciban tres comidas diarias en los colegios públicos a través de las subvenciones de la línea de garantía alimentaria que funcionan en distintas entidades, que a su vez les permiten ejecutar otras ayudas para sus programas.

Esto es lo que espera la sociedad de sus representantes. Nunca que le vuelvan la espalda. Tenemos la obligación y el sentido común de posicionarnos del lado de la gente. Cuando la derecha tiene pocas luces para acabar con la oscuridad en España, hay que encender las ideas que parten del corazón y llegan a través de iniciativas de nuestras administraciones. La luz de las velas son ilusionantes para los cumpleaños. Lo contrario se llama ostracismo, castigo o ceguera política ante las políticas sociales.

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