El pasado jueves 5 la ELA de Torrecera puso punto y aparte en su particular cruzada contra la privatización del servicio de aguas.
El pasado jueves 5 la ELA de Torrecera puso punto y aparte en su particular cruzada contra la privatización del servicio de aguas. Tras varios años de continua lucha por parte de su Ayuntamiento, el alcalde pedáneo, Manuel Bertolet, ha sacado adelante la propuesta de prestar este servicio público de forma totalmente directa. Un camino lleno de trabas y obstáculos que ha protagonizado de modo casi heroico esta humilde pedanía jerezana.
Es de sobra conocida aquella cita que dice que Jerez da las espaldas a su vasta y rica zona rural; una máxima que, contrastada con la realidad política y social de nuestro municipio, se torna realidad. Torrecera ha encabezado sin tregua una lucha en contra de la privatización del servicio de aguas que llevó a cabo el anterior gobierno municipal del Ayuntamiento de Jerez. El consistorio que presidía la ex-alcaldesa del Partido Popular María José García Pelayo concedió la gestión de Aguas de Jerez durante 25 años a cambio de la irrisoria cantidad de 80 millones de euros. La multinacional Aqualia -perteneciente al todopoderoso grupo empresarial FCC- se hizo con el poder de una empresa pública que lejos de ser deficitaria proporcionaba beneficios -tanto económicos como sociales- al consistorio. El anuncio del proceso de privatización de AJEMSA se hizo pocos meses después de haber ganado con mayoría absoluta las elecciones municipales de mayo de 2011 y una triste realidad -con toda la oposición en contra- en el pleno de marzo de 2012. Pero al gobierno local del Partido Popular le salió un grano bastante incómodo. Al incansable trabajo de oposición de los compañeros de la Coordinadora del Agua Pública de Jerez se le sumó la oposición de las Entidades Locales Autónomas de Torrecera, Guadalcacín y Estella del Marqués que, respaldando el control democrático y público del agua, buscaron una vía de escape a la situación. Estas pedanías se opusieron de manera contundente a la mercantilización del agua, un derecho humano básico -reconocido por la ONU- que es hoy un suculento negocio. En Jerez se estiman unos beneficios, desde el momento de su concesión hasta 2037, de más de 200 millones de euros.
Las reticencias de estas pedanías jerezanas a la privatización del servicio provocó una ofensiva de Aqualia y un pulso constante entre la multinacional y estos ayuntamientos durante los últimos años. La solución al conflicto que estas pedanías tantearon fue la adhesión a un consorcio de la empresa pública 'Aguas de la Sierra' -perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz- a comienzos de 2013, haciéndose su firma a finales de 2014 y una realidad en 2015. Con las espadas en alto, tanto Aqualia como el entonces consistorio del Partido Popular no dudaron en ejercer una enorme presión para impedir la autonomía en esta materia de unas pedanías que le habían salido 'ranas'. Una intimidación que sobrepasó el plano político, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para los alcaldes pedáneos y especialmente para sus vecinos, que si bien respaldan las decisión de sus ayuntamientos de preservar el servicio público, se vieron inmersos en una total confusión. Al intento de cobrar un canon de suministro por parte de la multinacional a las pedanías tras una modificación de las ordenanzas municipales se le sumó las masivas inspecciones de suministro realizadas por Aqualia especialmente en la pedanía más 'rebelde', Torrecera. Unos hechos que, además de rozar la ilegalidad, ponen de testigo la forma antidemocrática de proceder de este tipo de multinacionales. Unas compañías que en su mercadeo con los servicios de la ciudadanía cuentan con el apoyo y complicidad de gran parte de una clase política sumida en la vorágine neoliberal. Unos políticos que bailan al son de sus propios intereses -y los de partido- especialmente cuando les toca lidiar con la realidad. Es lo que le sucede a un PSOE que en la oposición abandera la lucha contra la privatización de servicios públicos y que en el gobierno no ejerce en defensa de las municipalizaciones.
Las circunstancias derivadas de los cambios políticos y de la persecución llevada a cabo por los intereses de la multinacional, propició que estas tres pedanías incrementaran sus dificultades en el intento de gestión pública de su servicio de aguas. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz -que gobierna actualmente en solitario el PSOE- bloquea las negociaciones y adhesión a Aguas de la Sierra por parte de las pedanías. Tras este reciente varapalo político, estas ELAS se han quedado en tierra de nadie a la espera de una solución que no llega. Sólo uno de sus consistorios -Torrecera, con Manuel Bertolet (IU)- ha tenido la valía de sacar adelante su proyecto de municipalización, desafiando, de esta manera, todas las adversidades encontradas a lo largo de los últimos años. Un camino que ahora continua solo y en el que, lamentablemente, no tiene como compañeros a los integrantes de la corporación socialista que gobierna Jerez a día de hoy. En la oposición, el PSOE de Jerez no dudó en posicionarse en contra de la concesión a Aqualia; en el gobierno, sólo reproduce actitudes estéticas que poco o nada respaldan la municipalización o, al menos, su intento, tanto en la ciudad de Jerez como en el caso de sus pedanías. A este respecto, cabe decir que incluso su vocal en Torrecera se opuso en la Junta Vecinal del pasado jueves al proceso para gestionar directamente el servicio desde la ELA. Se opuso, hay que reiterarlo, poniendo de ejemplo y de referencia las recomendaciones dadas por los propios directivos de la multinacional. Un verdadero despropósito en el que Torrecera emula a David y los poderes fácticos -con la connivencia de quienes en otro tiempo se hacían 'la foto'- a Goliat.
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