Todos los que no somos Carrero Blanco

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Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología; hice la dramaturgia del espectáculo 'Soníos negros', de la Cía. María del Mar Moreno; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Primer premio de la XXIV edición del 'Premio de Periodismo Luis Portero', que organiza la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Accésit del Premio de Periodismo Social Antonio Ortega. Socio de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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Sería el momento de empezar a preguntarnos por qué este país guarda un absoluto silencio ante las cientos de agresiones homófoba.

La noticia fue, cuanto menos, sonada. Cuarenta y siete años después de finalizar la dictadura franquista, la Fiscalía ha pedido para Cassandra, una joven estudiante de 21 años, dos años y medio de cárcel por hacer chistes sobre la muerte del que fuera el presidente del Gobierno durante los últimos años de la dictadura.

“Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la Luna. ETA le pagó el viaje a ella”, reza el tuit de la polémica.

“Carrero Blanco fue víctima de una aberración criminal, pero eso no significa que él no fuera otra aberración criminal”, comenta la acusada en una entrevista en la que define al expresidente del Gobierno como “el jefe de Estado en una dictadura sangrienta”.

El debate sobre la libertad de expresión, por supuesto, ha vuelto a la palestra. Muchas voces parecen encontrarse en la opinión de que el humor debería tener un límite, pero un gran número difieren con la Fiscalía en dónde debería encontrarse ese límite.

El ejemplo ha llegado con el fallecimiento de la modelo, actriz y cantante Bimba Bosé. Pocas horas después de su muerte, comenzaban a surgir en las redes insultos de carácter misógino y homófobo hacia la recién fallecida y hacia miembros de su familia como el también cantante Miguel Bosé.

“Quiero creer que la muerte de Bimba Bosé es un castigo divino para @BoseOfficial por que Dios odia a los homosexuales”, es uno de los muchos tuits que recibió la familia de la conocida modelo.

Respecto a lo sucedido, Ignacio Escolar explicó el pasado martes en el programa de televisión La Sexta noche la situación por la que los tuits de odio dirigidos a Bimba y sus familiares no tendrían las mismas repercusiones que los chistes sobre Carrero Blanco:

“La Fiscalía no va a actuar porque la ley con la que se persiguen los tuits es la ley de enaltecimiento del terrorismo, normalmente, y eso implica que hay unas víctimas en España que tienen una protección especial con respecto a cualquier otro tipo de víctima, como las víctimas de la violencia machista, homófoba o racista”, explicaba el periodista. “Nosotros tenemos un compañero en la redacción que es negro y es el presidente de Stop Racismo, y que recibe amenazas constantemente, va a la policía constantemente y no pasa nada de nada”.

Pese a existir la posibilidad de que la Fiscalía se plantease investigar los ataques hacia Bimba Bosé de forma concreta al haber formado un mayor revuelo mediático, las palabras de Ignacio Escolar vienen a confirmar lo que, de alguna forma, ya puede apreciarse en el día a día tanto dentro como fuera de las redes sociales: en nuestro país existen víctimas de primera y víctimas de segunda.

Son cada vez más las voces que se unen para protestar por la pasividad de las autoridades ante el odio recibido. Mujeres, colectivos de homosexuales, bisexuales, personas transgénero, negros, latinos, y un largo etcétera de personas que han de lidiar con insultos, palabras de repulsa e incluso amenazas de muerte, tanto en la calle como en la protección de sus propios hogares mediante la red. Día tras día, prácticamente sin descanso. Un acoso que, en el peor de los casos, acaba provocando depresión e incluso ideas suicidas entre las personas que pertenecen a colectivos minoritarios, poniendo como ejemplo a las personas transgénero, cuya tasa de intentos de suicidio se sitúa en un alarmante 41%, en contraposición del 4,6% de la población no perteneciente a ninguna de las letras del colectivo LGTB.

Es más alarmante aún la situación si pensamos en la delicada situación que sufren los colectivos minoritarios en cuanto a seguridad se refiere. Los colectivos LGTB denuncian 239 agresiones homófobas en la ciudad de Madrid (contando solo las denunciadas) a lo largo del pasado 2016, y otras tres nuevas agresiones en los primeros diez días del 2017. Mientras, la única agresión que ha causado movilización y revuelo en los medios ha sido la sucedida durante el pasado domingo en Murcia a una joven conocida en las redes sociales como “La Intocable”, perteneciente a un movimiento neonazi y proclamada como la autora de, al menos, doce agresiones grupales a inmigrantes y personas LGTB. El mismo día de la agresión, la chica habría perpetrado otro ataque distinto en la ciudad, lo que podría haber desencadenado la ya conocida reacción.

Lejos de justificar cualquier tipo de violencia, quizá sería el momento de empezar a preguntarnos por qué este país guarda un absoluto silencio ante las cientos de agresiones homófobas y miles de violaciones que ocurren de forma diaria, mientras que otras víctimas protagonizan todos los debates entre una población que parece ya haber elegido a las personas que van a proteger. En este caso, el brazo derecho de un dictador fallecido hace más de cuarenta años, y la líder de un movimiento neonazi. 

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