EDITORIAL
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acaba de certificar lo que la maraña burocrática judicial ha venido sepultando: que los tentáculos de la trama Gürtel también palparon presuntamente a María José García Pelayo a los pocos meses de sentarse en el sillón de la Alcaldía. Los investigadores de la Policía Judicial ya han puesto en manos del juez Pablo Ruz, del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, un informe que ha determinado que detrás de la chapuza urdida en el extinto Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), estaban empresas y personas vinculadas a la mayor trama de financiación ilegal conocida en la historia de la democracia en España, en la que por cierto hay 187 imputados, 74 de ellos políticos que pertenecen o han pertenecido al Partido Popular.
Desde que la moción de censura pactada por PSOE y PSA la desalojara de la alcaldía, la actual alcaldesa Pelayo no ha dejado de enarbolar la bandera de la honestidad y la transparencia, al tiempo que ha hostigado a sus rivales políticos directos acudiendo, se desconoce si inducida o por iniciativa propia, a todo tipo de estratagemas y descalificaciones conforme han avanzado otras causas judiciales abiertas en Jerez. Ahora la UDEF le ha colocado un espejo por delante en el que, junto a su imagen, se reflejan las de Correa, Crespo y toda la nómina de políticos, y empresarios que han conformado la mayor trama corrupta conocida en nuestro país.
Quienes visitaron en enero de 2004 FITUR fueron testigos directos del derroche que supuso la instalación de un stand lujoso y desproporcionado, que costó más de 50 millones de pesetas a las arcas municipales, a todos los jerezanos y jerezanas, para autobombo de políticos y lucimiento de jerezanísimos de la diáspora, y que acabó en el trastero de IFEMA y en los almacenes municipales. Ahora volvemos a recordar, diez años después, que aquel despliegue de eso que llaman la marca Jerez, aderezada de fino y langostinos, escondía algo más que una campaña de promoción turística. Y que por cada galope de los caballos jerezanos en la plaza Mayor de la capital del Reino alguien, supuestamente, engordaba la hucha de los corruptos.
María José García Pelayo no puede despachar "tranquilamente" este asunto acudiendo al manual de su partido y matando a los mensajeros. En esta ocasión no se trata del dedo acusador de un partido adversario de turno o de un medio de comunicación incómodo. Quien acusa es directamente una unidad especializada de la Policía y quien debe aclararlo todo con lujo de detalle y sin evasivas es ella misma en sede municipal. Si ese informe de la UDEF, que según dice el gobierno local no señala directamente a la alcaldesa en la trama Gürtel y la dejan fuera de sospecha, ya debería haberse distribuido a los medios. Al igual que se ha hecho con el auto del juez Pedreira de mayo de 2011, que sí se ha enviado a la prensa, porque teóricamente archivaba la denuncia contra Pelayo que en aquel momento presentó un concejal del PSOE de Boadilla (Madrid).
La realidad es bien distinta y es que el archivo, como puede leerse en ese mismo auto, no estuvo motivado por la ausencia de indicios de delito sino porque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró esa pieza separada fuera de su jurisdicción, al centrarse "fundamentalmente en Andalucía", al igual que hizo con la ligada a la comunidad valenciana. Más tarde, la trama volvió a ser abordada por la Audiencia Nacional y ahora será el juez Ruz quien decida qué hacer con un informe de la Policía Judicial que es tan diáfano como contundente.
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